Violencia intrfamiliar

MARCO CONCEPTUAL

Evidenciar la violencia contra las mujeres y cuantificarla
es tarea indispensable para avanzar en la instrumentación
de mecanismos que la eviten. La obtención
de datos concretos sobre la prevalencia, magnitud y
frecuencia de las agresiones que ellas experimentan en
los distintos ámbitos, proporciona argumentos conducentes
para diseñar e impulsar políticas públicas que
permitan enfrentar el problema.
Los primeros intentos para evidenciar la violencia
hacia las mujeres se dan en la primera mitad del siglo
pasado, con la creciente demanda de las mujeres por
obtener derechos iguales a los de los hombres. En 1946
se crea la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer,
de la cual han emanado varias declaraciones y convenciones,
consagrando su esencia en la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).  Esta convención, aprobada
en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas 
, entró en vigor en 1981 tras la ratificación de  20
países, incluido México; actualmente casi todos los paí-
ses de América Latina y el Caribe se han comprometido
con las obligaciones que dicha convención señala.

Los compromisos adquiridos en México y en la región
son resultado de estos esfuerzos internacionales; se han
concretado en múltiples programas y acciones, producto
de políticas específicas dirigidas al logro de la igualdad
entre los sexos y la equidad de género.

El origen del marco legal actual tiene como antecedente
las ideas rousseaunianas del siglo XVIII. Sus concepciones
políticas y preceptos morales tienen vigencia hasta
nuestros días.
A pesar de que las ideas renovadoras hacia un nuevo
orden social fueron la base de la Revolución Francesa,
éstas también fueron el marco ideológico a seguir del
pensamiento europeo. Las ideas de Rousseau respecto
de la posición de la mujer en la sociedad fueron determinantes
como fundamento y condición de la política: su
espacio estaba en una esfera reproductiva, doméstica y
privada, mientras que el de los hombres se ubicaba en la
esfera productiva, pública y política.
Los argumentos utilizados para excluir a la mujer de
los espacios públicos fueron los siguientes:
Las mujeres, ni por cualidades de su ánimo, esto es,
vigor moral que comporta inteligencia, honorabilidad,
imparcialidad, ni por cualidades físicas, sabida su
manifiesta debilidad corporal, pueden pagar el precio
de la ciudadanía. Regidas por el sentimiento y no por
la razón, no podrían mantener la ecuanimidad necesaria
en las asambleas y, físicamente endebles, no serían
capaces de mantener la ciudadanía como un derecho
frente a terceros.

 Las ideas modernas de Hobbes, Locke y Rousseau que
defienden la libertad e igualdad de los seres humanos,
hacen una excepción para la mujer, tratando de justificarla
a partir de su “naturaleza débil”, razón por la cual señalan debiera quedar en una posición de subordinación
en todo tipo de relación social que mantuviera.
Estos planteamientos se materializaron en la construcción
de una legislación que relegó la posición de la
mujer a un nivel de dependencia y marginación social
y política, respecto al hombre. De esta forma, la mujer
queda excluida de los ambientes publicos y es confinada
a una posición de sumisión total, privándola de los derechos
humanos más fundamentales: libertad e igualdad.
La revolución industrial transformó el nuevo orden
social, de tal forma que en el siglo XIX se consolidó
un moderno modelo sociopolítico liberal basado en los
principios básicos rousseaunianos, por lo que la revolución
deja íntegra la posición de la mujer en la sociedad.
Pensadores importantes continúan respaldando el
confinamiento femenino: Hegel, Schopenhauer, Kierekegaard,
Nitsche; su influencia en el mundo de las ideas
es determinante, al participar activamente en las nuevas
posturas humanísticas y científicas de la ppoca.
3ese a la fuerte influencia de algunos filósofos, a
mediados del siglo XIX se empiezan a gestar fuertes
movimientos sociales en el mundo: se publica el “Manifiesto
Comunista´ en 1848 y en ese mismo año se firma
la “Declaración de Sentimientos”, mejor conocida
como la “Declaración de Séneca Falls”, promovida por
un grupo de hombres y mujeres luchadores en contra de
la esclavitud. Esta declaración tendrá como objetivo primordial
el sufragio universal para hombres y mujeres, y
se transformará en un movimiento de gran envergadura.
El sufragismo fue un movimiento de agitación internacional,
presente en todas las sociedades industriales,
que tomó dos objetivos concretos, el derecho al voto
y los derechos educativos, y consiguió ambos en un
periodo de ochenta años, lo que supone al menos tres
generaciones de militantes empeñadas en el mismo
proyecto, de las cuales, obvio es decirlo, al menos dos
no llegaron a ver ningún resultado.
La primera mitad del siglo XX fue sumamente intensa:
las dos guerras mundiales tambalearon las estructuras
sociales, y la posición de la mujer se robusteció al integrarse
al mercado laboral en la industria bélica y fabril,
así como en operaciones diversas de tipo administrativo.

EL NEOLIBERALISMO Y CONSECUENCIAS

El modelo neoliberal El discurso neoliberal se basa principalmente en dos conceptos: economía de mercado y democracia en los términos de derechos individuales y representación política. Son conocidos los efectos de la redistribución regresiva de los recursos que han producido las políticas económicas basadas en estas concepciones que  al menos en el caso de nuestro país podemos designar como fundamentalismo de mercado.

En esta sociedad dual de incluidos/as excluidas/os, podemos hablar de una «feminización de la exclusión social» (baste recordar que, según el Informe de Desarrollo Humano de 1995 publicado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las mujeres representamos el 70 por ciento de las mil 300 millones de personas más pobres del mundo). 
Pero la sociedad dual significa también, en su violencia polarizante, una inducción al consumo permanente e ilimitada, que incluye cuerpos e identidades. No sólo se debe consumir mucho, sino portar los símbolos de la inclusión, que suponen entre otras cosas cuerpos cada vez más delgados, tostados, moldeados y jóvenes. Modelos de cuerpo que no se detienen ni ante la enfermedad ni la muerte. Cuerpos siliconados, lipo-aspirados, hambreados. Personas, especialmente mujeres jóvenes, anoréxicas, bulímicas, que muestran la superficie de una situación de tortura promovida por modelos culturales cada vez más opresivos en su función de control de cuerpos y vidas.

Cuerpos de mujeres gastados por el sobretrabajo, cuerpos consumidos por el disciplinamiento patriarcal de la figura femenina, cuerpos -instrumentos de reproducción y prostitución. Cuerpos y vidas de mujeres, en los que se articulan el principio capitalista de la maximización de la ganancia y la norma patriarcal de la heterosexualidad obligatoria.

Como señala Charlotte Bunch, al referirse a los diversos modos en que la heterosexualidad obligada sirve de apoyo a la feminización internacional de la pobreza, la idea de que cada «buena» mujer debe tener un hombre que la mantenga, sirve de apoyo ideológico para pagar menores sueldos a las mujeres. O, la concepción de las mujeres como seres que existimos para los hombres y estamos al servicio de sus necesidades y deseos, da lugar a especiales prácticas de disciplinamiento de los cuerpos femeninos, como analiza Sandra Lee Bartky, entre las que señala tres categorías de técnicas: las que pretenden conseguir un cuerpo de cierto tamaño y configuración; las que tiene como objetivo conseguir de ese cuerpo un repertorio específico de gestos, posturas y movimientos; y las que están dirigidas a mostrar el cuerpo como una superficie decorativa.

La propuesta neoliberal nos ofrece como marco de solución de los problemas que ella misma genera, el ejercicio de esta democracia representativa y de los derechos individuales, que, en sus versiones más progresistas, se entienden como derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Se apela a las mujeres pobres como clientas y como proveedoras de servicios gratuitos para la familia y la comunidad. Al mismo tiempo, se presenta a las mujeres de clase media (las aún incluidas) como individuas titulares de derechos.

Disminución dramática del empleo y aumento de la pobreza y la exclusión social, altos niveles de concentración del capital y pérdida de derechos laborales y sociales.

Las mujeres son más vulnerables a la explotación por su condición de madres y cuidadoras de la familia. La mano de obra barata se concentra en mujeres que buscan conciliar su trabajo doméstico y productivo en trabajos informales y de ambulantaje, maquila y trabajo a domicilio, sin horario ni prestaciones; los abusos se expresan en cansancio y enfermedades por la explotación laboral. Las jóvenes que migran generalmente se emplean como trabajadoras domésticas o sexoservidoras en sus lugares de destino; las que se quedan son mujeres abandonadas. Otras formas de represión a líderes y activistas sociales van también contra la integridad corporal, cuerpos violados por policías y militares (Ciudad Juárez, Atenco, la APPO, Zongolica, Coahuila, Chiapas).

Desde el feminismo se ha denunciado que con estas medidas se busca el silencio, la ignorancia y la sumisión. Métodos más sofisticados y abstractos promueven esas actitudes. El integrismo y el fundamentalismo religioso están invadiendo el terreno de las políticas públicas. El integrismo consiste en convertir los principios religiosos personales en modelo de la vida política y fuente de las leyes del Estado. Está de moda entre los políticos conservadores, cristianos y republicanos en Estados Unidos, católicos y panistas en México; también hay integristas de izquierda que han movilizado a comunidades con valores de inspiración católica. El fundamentalismo es más radical y también se hace presente en la clase política de nuestro continente: consiste en rechazar toda acción que intente minar la fe en el texto sagrado (o bíblico) y pretende imponer una interpretación literal de las Escrituras. Se ha recurrido tanto al integrismo como al fundamentalismo para fomentar la movilización política, la estrategias actuales se han enfocado en la educación y las campañas publicitarias, se promueve la abstinencia sexual hasta el matrimonio, la agenda contra los derechos reproductivos de las mujeres (anticonceptivos, aborto), el rechazo a derechos sexuales de homosexuales y lesbianas, el fomento al matrimonio, al rol tradicional femenino y la familia natural (heterosexual) y perpetua.

ORIGEN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

VIOLENCIA

VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

De la misma forma en que nuestros padres o tutores nos transmitieron durante la infancia los valores, las normas y las costumbres de la familia, también nos enseñaron a vincularnos afectivamente con los demás.

Si en nuestra familia hubo o hay violencia en cualquiera de sus modalidades, lo más probable es que esta situación nos haya afectado o nos afecte de alguna manera.

Los estudiosos sobre el tema han descubierto, por ejemplo, que las personas que son agresivas o violentas vienen de familias altamente conflictivas o bien, que durante su infancia sufrieron rechazo o ausencia de amor por parte de sus padres.

Se señala también que los niños tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia si en el hogar ocurre violencia conyugal, y que tanto esposos violentos como esposas abusadas son significativamente más propensos a abusar de sus hijos.

Cuando ocurre este maltrato y abuso hacia los hijos, lo más seguro es que éste se replique más adelante. Cuando las niñas y los niños violentados sean jóvenes y después adultos probablemente tendrán relaciones interpersonales conflictivas y violentas, tal y como lo aprendieron en casa.

Así es como los desórdenes y la disfunción en la familia se convierte en la semilla de nuevas y más formas de conductas violentas. Y lo más grave de todo, es que éstas se viven con gran naturalidad, ya sea como víctima o como agresor.

 Las víctimas de violencia doméstica sufren lesiones físicas que perjudican su salud y
podrían resultar en discapacidades permanentes. Estas lesiones podrían interferir en
su desempeño laboral y por ende afectar sus ascensos. Aparte de la violencia física, el
perpetrador podría valerse del maltrato emocional y verbal, aislamiento y amenazas
para ejercer poder y control sobre su pareja. Las amenazas, ya sean de violencia,
suicidio o de llevarse a los hijos, son tácticas comunes que usan los perpetradores.

AYUDA A LAS VICTIMAS Y A LOS AGRESORES

Este apartado, relativo al recuento de los programas
de intervención en materia de violencia de pareja
en México, está organizado en dos partes. En la primera
se ofrece un panorama general de las principales instituciones
que han desarrollado propuestas de atención a la
violencia de pareja, desde los inicios de la intervención,
así como las iniciativas más recientes. Se revisaron las
experiencias de espacios gubernamentales y no gubernamentales.
En la segunda parte se presentan los
resultados de la búsqueda sistemática que se realizó para
identificar los modelos de atención desarrollados para
la atención a las víctimas de la violencia de pareja.
La primera sección comprende los siguientes apartados.
Se analizan primero los antecedentes, incluidos
de manera destacada los grupos de mujeres cuyas experiencias
les permitieron guiar un trabajo pionero en la
atención de la problemática de la violencia doméstica,
cuando todavía enfrentaban las carencias de la legislación
y demandaban además una respuesta clara del
Estado. El segundo apartado se refiere a la legislación
especializada en materia de violencia contra las mujeres,
organizada de forma cronológica y temática. En el tercer
apartado se lleva a cabo una revisión de las propuestas
metodológicas de las organizaciones feministas para la
atención de mujeres maltratadas. En una cuarta sección
se analiza la incorporación de la perspectiva de género
en la promulgación de leyes específicas, que vieron la
luz ya en el siglo XXI. En el quinto apartado se revisan
los principales programas de gobierno instituidos para
la atención de la violencia hacia las mujeres, incluidas
las experiencias del Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CAVI), las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar (UaPviF),
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), la experiencia del Programa Nacional
para la Atención a la Violencia Familiar del Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de las
Mujeres. En la sexta sección se resume la experiencia
nacional en la atención de hombres agresores.

El inicio del camino: las organizaciones
feministas y las primeras propuestas
de modelos de atención de mujeres
maltratadas
En México, los grupos de mujeres, en su mayor parte
autodefinidos como organizaciones feministas, jugaron
un papel trascendental para impulsar los cambios legislativos
ya expuestos, crear programas centrados en la
atención de las consecuencias de la violencia doméstica,
así como, años más tarde, instituciones encargadas de
desarrollar políticas públicas,2
con el propósito de la
transversalización de la equidad de género.
En un primer momento, en particular en la década
de 1970, el movimiento feminista aglutinó a los grupos
existentes en torno de tres ejes: a) la lucha por la despenalización
del aborto, b) la lucha contra la violencia
a las mujeres y c) la libre opción sexoafectiva.
Después de la creación de las organizaciones pioneras,
como la ya referida Camvac, las experiencias se
multiplicaron en diferentes regiones del país y tuvieron
un efecto sustancial en diferentes planos: a) el surgimiento
de otras organizaciones de la sociedad civil;
b) la creación de los servicios gubernamentales que
existen hasta el momento y c) el diseño de modelos de
atención tanto para mujeres que sufren de violencia de
pareja como para los hombres que la ejercen.

Perspectiva de género y legislación

La atención a las necesidades específicas de las mujeres,
entre las que destaca la regulación de la violencia
de género, es relativamente reciente. En la década de
1990 vio la luz la mayoría de las leyes administrativas
mencionadas en un inciso anterior.
El nuevo siglo ha sido escenario de tareas legislativas
enfocadas en la igualdad y el derecho humano básico a
una vida sin violencia. Estos ordenamientos no habrían
sido posibles si no hubiera existido la demanda del movimiento
de mujeres (articulada con la de otros actores
sociales), la evolución de los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos, la madurez de
las instituciones mexicanas para responder a las presiones
internas y externas, así como la voluntad política de crear
marcos jurídicos adecuados e incluyentes.

La Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres,
promulgada en 2006, tiene por objeto garantizar
la igualdad sustantiva y proponer mecanismos
institucionales que apunten a la disminución y, en
condiciones ideales, erradicación de la brecha que
separa a hombres y mujeres en el ejercicio pleno de sus
derechos. Los principios rectores son la igualdad, la no
discriminación y la equidad. Estos tres ejes, de manera
articulada, permiten la definición y puesta en práctica de
medidas concretas para avanzar en la construcción de
sociedades más igualitarias. Por mandato de esta Ley se
crea el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, con objetivos concretos en los ámbitos
económico, político, social y civil. Además, se señala
de forma expresa la necesidad de “revisar permanentemente
las políticas de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género” (art. 37, fr. III)
y “erradicar las distintas modalidades de violencia de
género” (art. 39, fr. III).
Esta Ley resulta fundamental porque cualquier forma
de desigualdad es caldo de cultivo para la violencia.
Combatir las desigualdades contribuye a suprimir la
violencia.
En 20076
se promulgó la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo tema
central es la violencia contra las mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una la violencia; por ello se subraya la igualdad jurídica
constitucional entre los sexos. Este principio, como
se dijo al analizar la ley de igualdad, se articula con el de
no discriminación y el de equidad; los tres constituyen
un núcleo básico para dar congruencia a las acciones
públicas. La dignidad y la libertad de las mujeres son
también aspectos fundamentales que deben protegerse.
La propia ley señala su articulación con el principio de
autodeterminación de las mujeres.*
Tipos de violencia. La ley ofrece la siguiente tipología:
física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. En
otros textos legales se habla tan sólo de violencia física
(dirigida al cuerpo en una amplia gama de manifestaciones,
por lo regular descritas en los catálogos de lesiones
de la legislación penal), violencia psicológica (definida
en las leyes administrativas como acciones encaminadas
a dañar la autoestima, descalificar, insultar, etc.), y
violencia sexual (desde hace varias décadas tipificada
en todos los códigos penales del país en sus distintas
variantes: hostigamiento, abuso sexual, violación). La
violencia económica se ha dirimido, aunque con otro
nombre, en controversias familiares, es decir, demandas
de alimentos para los hijos menores y en menor medida
para las mujeres.
En esta tipología se incorpora la violencia patrimonial,
que alude a la destrucción o menoscabo de
bienes de la víctima (documentos, objetos, etc.) y que
puede afectar su supervivencia. Tiene un carácter más
permanente que la violencia económica, que alude a la
inmediatez: ingresos, salarios, gasto familiar, etcétera.
Vida Libre de Violencia recoge la recomendación de la
Convención de Belem do Pará y se enfoca de manera
específica en la violencia contra las mujeres.

Espacios gubernamentales
de atención a víctimas de violencia
Hay dos antecedentes de interacción de grupos feministas
con el Estado: el Centro de Apoyo a la Mujer
(CAM) en Colima y el Centro de Orientación y Apoyo
a Personas Violadas (Coapevi) en el Distrito Federal.
En ambas experiencias, la iniciativa procedió de uno
o varios grupos feministas, que lograron activar la
voluntad política para abrir estos espacios. La atención
inicial, en los dos casos, se enfocó en víctimas de violencia
sexual y después se combatió la problemática
del maltrato.
Entre los servicios gubernamentales a víctimas de
violencia, pueden citarse las Agencias Especializadas
en Delitos Sexuales (AEDS) y el Centro de Terapia de
Apoyo a Víctimas (CTA), en el marco de la Procuraduría
General de Justicia del DF. Estos esfuerzos aparecen a
fines de la década de 1980 y hasta la fecha proporcionan
un espacio de atención especializada para la formulación
de denuncias, sobre todo por violación y abuso sexual,
así como apoyo psicoterapéutico.
La preocupación por atender casos de violencia
doméstica fue posterior.
Centro de Atención
de Violencia Intrafamiliar
El CAVI, primer espacio institucional para atender a
víctimas de violencia intrafamiliar, se creó en octubre de 1990 con el propósito de abatir la criminalidad. Se
partía de la idea de que los hogares disfuncionales son más
proclives a generar delincuencia. Al parecer, la prioridad
no era la lucha contra la violencia sobre las mujeres ni
la garantía de sus derechos; por esa razón, el énfasis ha
recaído siempre en la familia.
El CAVI cuenta con cuatro áreas de servicio:
trabajo social, asesoría legal, apoyo psicoterapéutico
y atención médica, e investigación. En virtud de las
características de la institución, no es fácil tener acceso
a los datos estadísticos ni a las evaluaciones de los
programas, que desde luego son de carácter interno.

El Sistema Nacional
de Atención a la Familia
En 1977 se crea, por decreto presidencial, el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), a partir de la fusión del Instituto Mexicano
de Protección a la Infancia y la Familia (IMPI) con el
Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN).
Desde entonces funge como un organismo encargado
de instrumentar y aplicar políticas públicas en el ámbito
de la asistencia social.
De acuerdo con información publicada
en el sitio
oficial, se encuentra integrado por 32 sistemas estatales
DIF y sistemas municipales, alrededor de 1 500 de los
2 414 municipios de los estados de la República mexicana.
El sistema DIF está constituido como un organismo
público descentralizado con personalidad jurídica
y patrimonios propios.