Recurso Contencioso-Administrativo: Competencia, Prohibiciones, Representación y Ámbito

Recurso Contencioso-Administrativo

Regula qué órgano jurisdiccional será competente en función de la sede del órgano que dictó la disposición o acto impugnado.

En materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, será competente, a elección del demandante, el juzgado o tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.
Para actos de las Administraciones de las CCAA o entidades locales, la elección se limita a la circunscripción del TSJ en que tenga su sede el órgano que dictó el acto.
La competencia recae en el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada.
Si el acto afecta a varios destinatarios y son diversos los juzgados o tribunales competentes, la competencia se atribuye al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que dictó el acto.

Prohíbe a ciertos sujetos interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de la Administración.

No pueden recurrir los órganos de la misma Administración ni los miembros de sus órganos colegiados, a menos que una ley lo autorice.
Según la Ley de Bases de Régimen Local, pueden impugnar los actos de las entidades locales los miembros de las corporaciones que votaron en contra o contra acuerdos de órganos de la entidad de los que no forman parte.
Los miembros de órganos colegiados no pueden recurrir los acuerdos de los mismos, pero sí las entidades sociales que los designaron en órganos colegiados participados.
Si el acuerdo afecta a un miembro en sus derechos legítimos personales, puede interponer recurso como afectado o interesado.
No pueden recurrir los particulares que obren por delegación o como agentes, salvo que vulneren derechos personales o propios del agente.
Tampoco pueden recurrir las entidades de Derecho público dependientes del Estado, CCAA o entidades locales contra la actividad de la Administración de la que dependan, salvo que la ley les haya dotado de un estatuto de autonomía.

Las partes deben actuar a través de procuradores o abogados.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no es necesario el procurador.
En las Salas de lo Contencioso-Administrativo, las partes deben estar representadas por procurador y asistidas por letrado.
La Administración está representada y defendida por sus servicios jurídicos, pudiendo designar otros abogados y procuradores.

Comprende actos administrativos, reglamentos, inactividad material y vía de hecho.

Siempre que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite (art. 25).
No cabe recurso contra actos que reproduzcan otros anteriores y firmes.
Si la Administración reitera o confirma un acto, no se reabrirá el plazo para recurrir.
No es posible recurrir actos de mera ejecución de otro anterior firme.

Son recurribles las disposiciones de carácter general, normas reglamentarias y decretos legislativos que excedan la delegación legislativa.
La impugnación puede ser directa o indirecta.

El recurso versa sobre la inactividad material por incumplimiento de un deber de dar o hacer algo.
Puede consistir en la inejecución de un acto administrativo firme propio (art. 29.2).
Si la Administración está obligada a realizar una prestación concreta (art. 29.1), los interesados pueden reclamar su cumplimiento.
No se necesitan nuevos actos administrativos de aplicación, debiendo ser obligaciones concretas.
La reclamación es un requisito previo para interponer el recurso.

Se define como toda actuación material de la Administración que afecta a derechos de terceros y carece de cobertura jurídica o excede del contenido del acto administrativo que la cubre.
El interesado puede requerir a la Administración su cesación.
Los plazos para interponer el recurso son breves: 10 días si se ha formulado requerimiento y la Administración no contesta, 20 días si no hay requerimiento.