Normativa y Protección Ambiental: Técnicas, Inspección y Marco Legal
Técnicas de Normalización, Certificación y su Impacto Ambiental
Los poderes públicos fomentan la integración de la variable ambiental en empresas y organizaciones mediante instrumentos como la autorregulación voluntaria. Esto implica una gestión «privatizada» de los riesgos ambientales, con la Administración en un rol de supervisión.
Normalización
La normalización establece las normas que deben cumplir productos, servicios o las empresas que los ofrecen. Estas «normas» son especificaciones técnicas voluntarias, elaboradas por organismos privados internacionales (ISO, «normas ISO»), europeos (CEN, «normas EN») o nacionales («normas UNE», AENOR en España).
Certificación
La certificación, complementaria a la normalización, acredita que un producto, servicio o empresa cumple con los requisitos de una norma o especificación técnica. Esta acreditación se realiza mediante un documento emitido por un organismo autorizado.
Sistemas de Gestión Ambiental Empresarial (SGMA)
Los SGMA son programas voluntarios que comprometen a las empresas a alcanzar objetivos ecológicos, certificar su cumplimiento e informar al público sobre sus logros ambientales.
El principio fundamental es la mejora continua de los resultados ambientales, siguiendo el ciclo plan-do-check-act:
- Plan (Planificar): Establecer objetivos ambientales tras analizar la situación de la empresa (interno o externo).
- Do (Hacer): Implementar el proceso, asignar recursos y educar a los miembros de la organización.
- Check (Verificar): Controlar periódicamente el progreso mediante auditorías.
- Act (Actuar): Introducir mejoras y nuevas líneas de actuación según los resultados de las auditorías.
Son sistemas privados, regulados por normas técnicas, a los que las empresas se adhieren para mejorar su imagen ecológica y obtener beneficios como:
- Cumplimiento normativo: Verificar y corregir el cumplimiento de las exigencias legales ambientales.
- Eficiencia y sostenibilidad: Lograr un sistema productivo y de gestión de recursos más eficaz y respetuoso con el medio ambiente.
- Marketing y reputación: Mejorar la imagen ambiental de la empresa.
Destaca el sistema de gestión ecológica privado ISO 14000 (Sistemas de Gestión Ambiental). Entidades certificadoras privadas, como AENOR, acreditan su cumplimiento.
Otro sistema es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), donde las empresas asumen voluntariamente obligaciones y compromisos (legales y éticos) para minimizar sus impactos sociales, laborales, medioambientales y de derechos humanos.
La Inspección Ambiental: Función y Características
La inspección administrativa es la actividad de la Administración que examina la conducta de los administrados para comprobar el cumplimiento de sus deberes, prohibiciones y limitaciones, y preparar la respuesta administrativa ante las infracciones.
La inspección tiene una función de prevención general. Sus aspectos clave son:
- Tipos: Rutinarias (sistemáticas) o no rutinarias (aleatorias, por denuncia).
- Regulación legal: Debe estar regulada por ley.
- Deberes del inspeccionado: Amplios, incluyendo permitir el acceso sin previo aviso.
- Proporcionalidad: Debe respetar el principio de proporcionalidad.
- Actividades: Diversas, según el ámbito de comprobación.
- Funcionarios: Debe ser desempeñada por funcionarios.
El valor probatorio de las actas de inspección en procedimientos sancionadores ha sido polémico. Aunque algunas leyes les otorgan presunción de veracidad, la jurisprudencia constitucional indica que no tienen un valor probatorio cualificado, sino que simplemente no necesitan ser ratificadas.
Principios Rectores de la Potestad Sancionadora
1. Principio de Legalidad y Non Bis In Idem
La Constitución Española (CE) establece que «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento«.
Este principio incluye dos garantías:
- Material (tipicidad): Exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y sus sanciones.
- Formal (reserva de ley): Rango necesario de las normas que tipifican las conductas y regulan las sanciones.
Non bis in idem: Prohibición de sancionar dos veces a un mismo sujeto por los mismos hechos (dos penas, pena y sanción administrativa, o dos sanciones administrativas).
2. Principio de Irretroactividad y Retroactividad
Definición: Según el art. 9.3 de la Constitución, se garantiza «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables (…)».
Una norma sancionadora administrativa o penal no puede aplicarse a hechos anteriores a su aprobación.
Ejemplo: Si alguien mata a un oso antes de su catalogación como animal protegido, no podría ser sancionado por ese hecho, aunque sí por otros (caza en terreno protegido, uso de artes prohibidas, etc.), si estuvieran tipificados.
3. Principio de Culpabilidad
Definición: Exige la concurrencia de dolo, culpa o negligencia en el autor de la infracción para imponer la sanción (nulla poena sine culpa). Es fundamental en el ordenamiento punitivo y su aplicación a las sanciones administrativas ha sido consolidada por la jurisprudencia.
Definición 2: La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) lo reconoce: «Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa». En sanciones administrativas, frecuentemente se exige solo culpa o negligencia leve.
Ejemplo: Copropietarios de un monte que incumplen las normas de conservación.
Tipos de Sanciones Administrativas Ambientales
5.1 La Multa
La multa (obligación de pagar una cantidad de dinero) es la sanción más común en los ilícitos administrativos ambientales. El endurecimiento de las sanciones económicas ha sido progresivo. La Ley de almacenamiento geológico de carbono establece multas de hasta 5.000.000 de euros para infracciones muy graves, superando los 2.000.000 de euros habituales en muchas leyes ambientales.
La Administración, impulsada por la concienciación social y una mayor eficacia burocrática, está sancionando con mayor severidad a las empresas que cometen ilícitos ambientales.
5.2 Sanciones Rescisorias o de Privación de Derechos
Consisten en la suspensión o privación de derechos de los sujetos sancionados. Se aplican en actividades industriales potencialmente nocivas para el medio ambiente y sujetas a autorización. La Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (LPCIC) permite sancionar infracciones muy graves.
La suspensión o clausura de actividades es la medida sancionadora más contundente, pero también muy grave y con un alto costo económico y social. Puede imponerse como medida provisional durante el procedimiento sancionador o incluso antes, «en casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados».
5.3 Medidas Accesorias: Publicidad y Privación de Derechos
Las leyes ambientales frecuentemente incluyen la publicidad de las sanciones graves en diarios oficiales y/o medios de comunicación como medida accesoria. Esta medida puede ser más efectiva que la multa, ya que la pérdida de imagen y clientela puede preocupar más al infractor que la sanción económica.
5.4 Reparación del Daño e Indemnización
Una medida complementaria es exigir al infractor la reposición de la situación ambiental alterada a su estado original y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Represión Penal de los Ilícitos Ambientales
6.1 Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
- El artículo 325 del Código Penal sanciona a quien, contraviniendo las leyes o disposiciones protectoras del medio ambiente, provoque emisiones, vertidos, inyecciones o depósitos en la atmósfera, suelo, subsuelo o aguas, que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Se agrava la pena si existe riesgo para la salud de las personas.
- El artículo 326 sanciona conductas relacionadas con la recogida, transporte, valorización, eliminación o aprovechamiento de residuos que puedan causar daños ambientales.
- El artículo 326 bis tipifica como delito la explotación de instalaciones peligrosas que causen o puedan causar daños sustanciales al medio ambiente.
6.2 Delitos Relativos a la Protección de la Flora, Fauna y Animales
Se castiga con pena de prisión y multa a quien dañe gravemente elementos de un espacio natural protegido (art. 330).
Se sancionan las siguientes conductas:
- Talar, cortar, arrancar, recolectar, adquirir, poseer o destruir especies protegidas de flora silvestre, o traficar con ellas.
- Introducir o liberar especies de flora o fauna no autóctona que perjudiquen el equilibrio biológico.
- Cazar o pescar especies silvestres, o comerciar con ellas, infringiendo las leyes o disposiciones protectoras.
- Maltratar injustificadamente a animales que convivan con el hombre, causándoles lesiones graves o sometiéndolos a explotación sexual.
6.3 Aspectos Comunes de los Delitos Ambientales
- Agravación de las penas si las conductas afectan a un espacio natural protegido (art. 338).
- Obligación de los jueces o tribunales de ordenar la restauración del equilibrio ecológico perturbado (art. 339).
- Arrepentimiento activo del culpable como circunstancia atenuante (art. 340).
El Derecho de Acceso a la Información Ambiental
El acceso a la información ambiental es crucial para la concienciación y educación ambiental. En España, se regula por la Ley 27/2006 (LAIA).
El acceso a la información tiene dos vertientes:
a) Difusión activa de la información ambiental:
La LAIA establece obligaciones de difusión para las Administraciones públicas (arts. 6 y ss.):
- Elaborar y publicar informes sobre el estado del medio ambiente (anual y cuatrienal), con datos sobre calidad y presiones (art. 8).
- Difundir la información ambiental de forma amplia y sistemática, a través de redes públicas de telecomunicaciones (arts. 6 y 7).
- En caso de amenaza inminente para la salud o el medio ambiente, difundir información para que el público pueda adoptar medidas preventivas (art. 7).
Es obligatorio publicar iniciativas legislativas o reglamentarias para que el público pueda expresar sus opiniones.
b) Información ambiental previa solicitud:
Derechos de los solicitantes:
- Ser informados y asesorados.
- Ser asistidos en su búsqueda.
- Recibir la información en los plazos establecidos.
- Conocer los motivos de la denegación.
- Conocer las tasas y precios aplicables.
Las autoridades públicas deben garantizar el ejercicio efectivo del acceso a la información: designar unidades responsables, crear medios de consulta y registros o listas de información.
Si el solicitante pide la información en una forma determinada, la autoridad pública se la suministrará de forma razonable y justificada.
Excepciones al derecho de acceso (art. 13): Protección de la confidencialidad, razones procedimentales y evitación de peticiones abusivas.
Importancia de las ONG en la Protección Ambiental
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales han sido decisivas en la concienciación sobre los problemas del entorno y en el control y tutela jurídicos. Son personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro (asociaciones y fundaciones) cuya finalidad principal es la protección del medio ambiente. Su importancia radica en que muchos bienes ambientales son públicos (dominio público o uso público).
La LAIA reconoce la legitimación de las ONG para actuar ante la Administración y los Tribunales en defensa del medio ambiente.