Fuentes del Derecho Procesal Penal y Funciones Esenciales del Proceso Penal en España
Fuentes del Derecho Procesal Penal
La Constitución Española
La Constitución Española (CE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y todas las normas del proceso penal deben ajustarse a ella. Las normas constitucionales relevantes para el proceso penal se pueden clasificar en:
- Normas constitucionales procesales ordinarias: Estas normas se dirigen al Poder Legislativo y establecen la obligación de respetar los mandatos constitucionales y los derechos establecidos. El legislador ordinario no puede contradecirlos en el futuro.
- Normas constitucionales procesales de garantía reforzada: Protegen los derechos fundamentales de naturaleza procesal. Su vulneración puede ser denunciada ante los tribunales ordinarios y, en caso de no obtener reparación, se puede interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).
El artículo 53.2 de la CE establece que solo la infracción de los derechos fundamentales con incidencia procesal puede ser objeto de recurso de amparo. Estos derechos fundamentales se pueden dividir en:
- Derechos fundamentales materiales de incidencia procesal: Incluyen los derechos contemplados en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 25 de la CE. La vulneración de estos derechos puede generar un supuesto de valoración prohibida de la prueba, que debe denunciarse mediante la vulneración de otros derechos fundamentales procesales, además de la posible reclamación civil por error judicial o funcionamiento anormal de la justicia.
- Derechos fundamentales procesales: Se encuentran principalmente en el artículo 24 de la CE. La mayoría de estos derechos protegen al investigado y son una manifestación de la dignidad humana en el proceso penal. Son derechos de defensa o instrumentales para garantizar el derecho a la libertad del ciudadano.
Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (DDHH) tienen una gran fuerza vinculante. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es especialmente relevante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puede conocer de las demandas de los ciudadanos contra el Estado español por violaciones de los derechos contenidos en el Convenio, una vez agotados los recursos internos, incluido el recurso de amparo.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es el Código Procesal Penal español. Todos los tribunales deben seguir sus disposiciones, de acuerdo con el principio de legalidad procesal establecido en su artículo 1: “No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente”. La LECrim se estructura en siete Libros: I (Disposiciones generales), II (Del sumario), III (Del juicio oral), IV (De los procedimientos especiales), V (Los recursos de casación y de revisión), VI (Del procedimiento para el juicio sobre las faltas) y VII (De la ejecución de sentencias).
Las Leyes Especiales
Existen diversas leyes especiales que complementan la LECrim, entre ellas:
- Ley de 18 de junio de 1870, sobre el ejercicio de la Gracia de Indulto.
- Ley de 9 de febrero de 1912, que regula el “suplicatorio” para procesar a Diputados y Senadores.
- Ley Orgánica 6/1984, que regula el proceso de “habeas corpus”.
- Ley 4/1985, sobre el procedimiento de extradición pasiva.
- Ley Orgánica 2/2003, sobre la orden europea de detención y entrega.
- Ley Orgánica 5/2006, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas.
Funciones del Proceso Penal
La Actuación del Ius Puniendi
El Estado tiene el monopolio del ius puniendi (derecho a castigar). Este derecho se ejerce una vez que se declara la existencia de un delito y la participación del encausado en él.
La Protección del Derecho a la Libertad
El proceso penal es un instrumento de la Jurisdicción que no solo sirve para aplicar el ius puniendi, sino también para proteger y restablecer el derecho a la libertad, que tiene una posición preferente en la CE frente a la potestad jurisdiccional de imponer penas.
La Protección de la Víctima
El proceso penal también debe ser un instrumento para la reparación de la víctima. Esta función no debería estar subordinada a la aplicación del ius puniendi.
La Rehabilitación del Investigado
El proceso penal contemporáneo debe asumir la función de reinserción del investigado. Aunque esta función es más propia de las penas y medidas de seguridad, es importante que el proceso penal contribuya a este objetivo.