Capacidad de recuperación de la salud publica

2. Visión y objetivos

La constante ampliación de las oportunidades económicas y sociales en el país ha sido
posible gracias al camino recorrido en la Consolidación del Estado Social de Derecho
para garantizar, a todos los que habitan el territorio nacional, un extenso conjunto de
derechos que les permiten llevar a cabo proyectos de vida en libertad y sociedad, según
sus valores, creencias e intereses. Sin embargo, aún existen muchas cosas por hacer.
Ello supone profundizar en dicho esfuerzo como un imperativo de nuestra nacíón en el
horizonte de vivir en condiciones de paz, y en particular ante la necesidad de cerrar las
brechas creadas por el conflicto en cuanto al ejercicio de derechos y disfrute de las
condiciones de convivencia pacífica requeridas para el desarrollo en los territorios.
En efecto, la consolidación efectiva e integral del Estado Social de Derecho en
Colombia, especialmente pero no únicamente- en las regiones más afectadas por la
violencia es un tarea central para establecer los fundamentos que conduzcan al fin
sostenible del conflicto armado y a la garantía de no repetición, rompiendo el círculo
vicioso entre vacíos de presencia estatal y conflicto armado señalados en el diágnóstico
precedente. Sin duda, el mayor avance en la desarticulación de este círculo vicioso se
manifiesta en la posibilidad real de construir una paz estable y duradera tras un
esfuerzo sostenido del Estado colombiano, y en particular de la Fuerza Pública, para
imponer el orden constitucional, garantizar el ejercicio legítimo de la fuerza, y sentar las
bases para extender los alcances del desarrollo económico y social de nuestro país.
Así, para consolidar el Estado Social de Derecho se requiere avanzar en el próximo
cuatrenio y con un énfasis territorial en articular dos bloques de asuntos. El primero,
relacionado con el fortalecimiento del rol del Estado para garantizar las condiciones de
goce efectivo de derechos para todos los colombianos y colombianas; y, el segundo;
orientado a las políticas específicas para abordar las consecuencias derivadas de la
condición particular que Colombia afronta por causa del conflicto armado y, que en
perspectiva de su resolución deben tener un carácter transitorio pero no por ello menos
importante, tales como la atención y reparación integral a las víctimas, y la preparación
de condiciones para la construcción de una paz estable y duradera. El balance en estos
dos aspectos permitirá dar un paso decisivo para superar las brechas generadas por el
conflicto armado y reconstruir los modos de relación entre ciudadanos en torno a un
proyecto de nacíón incluyente, pluralista y basado en la promoción, protección y respeto
de los derechos individuales y colectivos en todos los rincones del país.
342
Ahora bien, un eventual acuerdo entre el Gobierno Nacional y las guerrillas para poner
fin al conflicto armado brindará una oportunidad que facilitará la tarea de Consolidar el
Estado Social de Derecho, pero lo cierto es que, con o sin acuerdo, es indispensable
emprender las tareas que lleven a lograr su plena vigencia en el sentido de establecer
las capacidades institucionales necesarias para fortalecer la confianza entre los ciudadanos
y con las instituciones, encadenando esfuerzos orientados a generar acuerdos, dirimir
conflictos y garantizar el orden constitucional.
Bajo esta perspectiva, una profunda ampliación de los mecanismos democráticos será
herramienta fundamental para la materialización del Estado Social de Derecho. El
fortalecimiento de la participación ciudadana, de los mecanismos de representación política
y participación electoral, el impulso a procesos de innovación y aprendizaje institucional
de experiencias exitosas en paz y desarrollo, y la construcción de confianza hacia el
Estado desde los territorios, permitirán fortalecer el pacto social definido por la
constitución y el conjunto de actitudes, percepciones y comportamientos ciudadanos afines
al cumplimiento de las leyes, teniendo en cuenta las particularidades de los distintos
grupos poblaciones presentes en el país. Ello incluye, el principio del respeto de la
diferencia; la cooperación con las autoridades públicas; la conformación de visiones
compartidas de desarrollo que atiendan las particularidades regionales; la resolución de
conflictos y sus mecanismos alternativos y la prevención, gestión y transformación no
violenta conflictos sociales, económicos, ambientales o políticos mediante el diálogo, la
suscripción y el cumplimiento de acuerdos y consensos.
Asumir los desafíos planteados implicará también satisfacer plenamente la demanda de
justicia y seguridad, atendiendo las especificidades de los territorios del país. Así, el
conjunto de acciones descritas tendrán como base un esquema de gobernabilidad que
permita el efectivo cumplimiento de la Constitución y las leyes sobre todo el territorio
nacional mediante el fortalecimiento institucional para superar las limitaciones que afectan
el logro del verdadero potencial económico y social del país.
En esta perspectiva, los mecanismos formales y no formales de justicia serán
reconocidos como instrumentos legítimos para dirimir controversias, hacer efectivos los
derechos y obligaciones de los ciudadanos y garantizar la seguridad jurídica. Así mismo,
cerrar las brechas en materia de garantía de los derechos a la vida, la integridad y la
libertad implica garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica desde una
perspectiva territorial. Esto, significará un estado en el cual los ciudadanos contarán con
ambientes seguros para el desarrollo de sus libertades, y capacidades individuales y
colectivas, y la plena confianza en la capacidad del Estado para protegerlos cuando se
vean amenazadas o en riesgo por diferentes fenómenos delictivos.
343
El logro de condiciones de largo plazo para una paz estable, duradera e incluyente en
Colombia supondrá igualmente el continuo mejoramiento de las capacidades de nuestras
Fuerzas Armadas, las cuales mantendrán su ofensiva contra todos los grupos que
persistan en su accionar violento contra la población, la soberanía nacional y la
integridad territorial. Así mismo, liderarán el desarme y la desmovilización de los
combatientes y redes de apoyo de los grupos ilegales, paralelamente con la protección
de los ciudadanos, sus derechos y bienes; y de los activos estratégicos de la nacíón.
En un eventual escenario de posconflicto se mantendrá un pie de fuerza militar estable
por un periodo de transición de al menos diez años con el objetivo de asegurar la
irreversibilidad de los acuerdos alcanzados y disuadir el desarrollo de cualquier amenaza.
Adicionalmente, con el fin de garantizar la tranquilidad en los territorios de Colombia y
colaborar con el desarrollo de las regiones especialmente afectadas por el conflicto, la
Fuerza Pública continuará apoyando las estrategias de consolidación territorial,
acompañando el proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras y demás
programas enfocados en la construcción de legitimidad del Estado y el aumento del
despliegue de la oferta estatal de servicios para la consolidación de la paz. De esta
manera, las Fuerzas Armadas de Colombia se concentrarán en mantener la seguridad
interna, dar un mayor énfasis a la defensa de las fronteras, desarrollar capacidades de
disuasión y generar coaliciones con países aliados, de manera paralela con la búsqueda
de la autonomía estratégica de la nacíón en materia de defensa nacional.
Si las instituciones de la democracia, de la justicia y de la seguridad y defensa son
fundamentales, también será vital para nuestro país continuar avanzando en el desarrollo
de un esquema de justicia transicional en el cual el pleno ejercicio de los derechos de
las víctimas será un propósito central, del mismo modo que la configuración de un
ambiente favorable a la reconciliación orientado a la integración de la sociedad, y la
confianza de todos los colombianos en el impacto positivo de la paz en sus proyectos
de vida. Ello supondrá un acción decidida frente al respecto de las poblaciones que, por
su ubicación territorial o situación periférica, han sufrido con mayor intensidad los
impactos del conflicto armado y de otras dinámicas criminales, y que, en consecuencia,
no han podido promover sus proyectos colectivos en el marco del Estado Social de
Derecho. Por ello, el Estado en su conjunto deberá enfatizar en la generación de
garantías de bienestar, seguridad y justicia para todas las víctimas del conflicto armado,
y para quienes se reincorporen a la vida civil tras hacer parte de GAML.
Finalmente, la consolidación del Estado Social de Derecho y la transición hacia la paz
no son posibles sin reconocer a quienes el conflicto afectó directamente. Esto requiere
atender los daños ocasionados por la violencia, cuya magnitud trasciende las afectaciones
físicas y materiales, e incluye el deterioro de los proyectos de vida de las personas y
344
sus relaciones sociales. La reparación a las víctimas implica la recuperación emocional
de las personas, la reconstrucción de los lazos de confianza con otros (familia,
comunidad e instituciones), la restitución de sus derechos, y el acceso a los bienes y
servicios que perdíó a causa de la violencia, o que aunque no haya gozado de ellos
con anterioridad, le contribuirán a superar sus condiciones de vulnerabilidad y transformar
sus vidas. Estos esfuerzos se materializan a nivel comunitario o local, donde la
reparación de las afectaciones colectivas, basadas en reconstrucción del tejido social,
posibilita la transformación y continuidad del proyecto vida de las comunidades. Por
tanto, la verdad, justcia y reparación es el medio que resignifica la ciudadnaia de los
colombianos, garantiza el pleno goce de los derechos, y contribuye a la paz estable y
duradera.
Objetivos
A. Fortalecimiento de los roles del Estado para el goce efectivo de derechos de todos
los habitantes del territorio
Objetivo 1.
Proveer Seguridad y Defensa en el territorio nacional

Objetivo 2

Promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con
un enfoque sistémico y territorial.

Objetivo 3

Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos.

Objetivo 4

Fortalecer la articulación del Estado en un marco de Política Criminal
coherente, eficaz y con enfoque restaurativo.

Objetivo 5

Enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva integral y
equilibrada.
B. Justicia Transicional y derechos de las víctimas para la superación de brechas
originadas por el conflicto armado
Objetivo 6.
Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las Víctimas en
Colombia

Objetivo 7

Fortalecer y articular los mecanismos de transición hacia la paz.
345

Objetivo 8

Consolidar la Acción Integral Contra Minas Antipersonal

3. Estrategias

A. Fortalecimiento de los roles del Estado para el goce efectivo de derechos de todos
los habitantes del territorio
Objetivo 1. Proveer Seguridad y Defensa en el territorio nacional

Estrategia 1.1

Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana a los pobladores del
territorio nacional.
En el proceso de transición hacia un eventual escenario de postconflicto, la convivencia
y seguridad ciudadana se mantendrán como uno de los principales retos, teniendo en
cuenta diversas dinámicas de los entes territoriales en materia de convivencia, así como
expresiones específicas en materia de criminalidad en entornos urbanos y rurales.
„h Prevención social y situacional de delito:
Los programas de prevención social y
situacional del delito deben ser diseñados e implementados con un enfoque
multisectorial, permitiendo articular las acciones e intervenciones de ejecución
inmediata, con medidas y estrategias de mediano y largo plazo.
– Implementación de estrategias y acciones coordinadas y corresponsables con
entidades del Gobierno para reducir la probabilidad de ocurrencia de delitos
y contravenciones.
– Fortalecimiento de la confianza y apoyo ciudadano en los territorios con el
fin de lograr mayor efectividad en materia de prevención y lucha contra la
criminalidad.
– Mejoramiento del espacio público para la generación de ambientes seguros
a través del acompañamiento del Gobierno Nacional a los entes territoriales
en la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial con el fin de
adoptar los criterios de prevención situacional aplicados en la construcción y
renovación de infraestructura y de diseños arquitectónicos en escenarios de
alta incidencia del delito.
– Desarrollo de un programa intersectorial para la prevención, reducción y
atención de la Violencia Intrafamiliar.
– Promoción de mecanismos y articulaciones con el sector público y privado
para implementar iniciativas y espacios que promuevan la convivencia a
346
través del Fútbol, en el marco del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad
y Convivencia en el futbol
„h Lucha contra las principales modalidades delictivas:
Con el propósito de incrementar
la confianza, la percepción de seguridad y la credibilidad, se buscará reducir los
fenómenos delictivos de mayor afectación al ciudadano a través de la ejecución
de planes o estrategias que concentren esfuerzos en las áreas de mayor
afectación a través de la priorización y la focalización de puntos críticos. Lo
anterior se llevará a cabo mediante las siguientes acciones:
– Fortalecimiento de la investigación criminal, la inteligencia policial, la
vigilancia comunitaria por cuadrantes y de las capacidades de seguimiento y
evaluación integral de la actividad de policía.
– Priorización de la libertad personal como eje de la consolidación del Estado
de Derecho.
– Formulación del Plan Nacional Anti Extorsión y desarrollo de estrategias
sociales preventivas y de vigilancia.
– Fomento de una cultura de la legalidad que desincentive el pago de la
extorsión como factor de seguridad aparente.
– Focalización de esfuerzos para contrarrestar nuevas manifestaciones de
inseguridad.
„h Implementación de tecnologías para la seguridad ciudadana
– Ampliación de la cobertura e integración de los Centros de Información
Policial Estratégicos Seccional CIEPS a nivel territorial.
– Consolidación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad.(Número
Único de Emergencias y Seguridad 123 con identificación y localización
del ciudadano que llama cuya conectividad debe ser suministrada de manera
gratuita con el proveedor de telecomunicaciones, Circuitos Cerrados de
Televisión CCTV, Alarmas Comunitarias, Centros de Información Estratégica
Policial Seccional, Sistemas de Seguridad Controles de acceso, monitoreo
automático, bloqueo de vehículos y demás sistemas).
– Implementación de los Centros de Comando, Control para la Seguridad
Ciudadana (C4), como eje principal de la planeación del servicio de
policía desde la perspectiva local y análisis especializado del delito.
– Fortalecimiento del sistema de recepción de denuncias mediante el desarrollo
de aplicativos tecnológicos que faciliten el acceso al ciudadano para la
formulación de la denuncia de manera precisa y expedita.
– Incentivo a la denuncia en línea a través de la utilización de kioskos
digitales para escenarios rurales.
„h Fortalecimiento de la Presencia Policial:
Aumento del pie de fuerza de la Policía
Nacional y de su equipamiento con la finalidad de fortalecer el servicio en zonas
urbanas y rurales, especialmente, para garantizar una mayor cobertura en
347
cuadrantes. La ampliación del pie de fuerza debe ser acompañado por un
fortalecimiento en los procesos de incorporación, formación y capacitación de los
nuevos policías, así como el cumplimiento del régimen de asenso policial, de
manera que se mantengan los estándares de calidad profesional y humana del
personal que hace parte de esta institución.
– Fortalecimiento de los procesos de incorporación, formación y capacitación
de los nuevos policías, así como el cumplimiento del régimen de asenso
policial, de manera que se mantengan los estándares de calidad profesional
y humana del personal que hace parte de esta institución.
– Mejoramiento de la infraestructura, dotación de las unidades de policía y
fortalecimiento de los medios tecnológicos para las labores de control.
– Fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes MNVCC y Cuadrantes Móviles, focalizando la ocurrencia de
delitos en las zonas de alta incidencia de criminalidad.
– Creación de Grupos Especializados para contrarrestar delitos de alto
impacto.Modernización y ampliación de la policía judicial. (Unidades de
Análisis de Investigación Criminal y de Contexto)
– Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Rural SISER.
– Construcción de los Análisis Integrales de Seguridad Ciudadana (AISEC) en
los 34 departamentos, 17 metropolitanas y 11 distritos especiales de Policía.
– Incremento de las capacidades técnicas y tecnológicas en materia de
investigadores y peritos.
– Implementación de instrumentos de coordinación en materia de seguridad con
autoridades locales.
– Fortalecimiento y empoderamiento de las regiones de Policía, en el marco
de la gestión territorial para la seguridad ciudadana y el programa
Departamentos y Municipios Seguros.
– Fortalecimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana PISCC como mecanismo de coordinación interagencial
Nacíón-Territorio para una acción más eficaz y coordinada de los diferentes
niveles de gobierno.
– Articulación de los PISCC con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes, en su componente de análisis geoespacial del delito.
– Inspecciones de Policía fortalecidas en los escenarios rurales
– Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en el ámbito rural que permita la
incorporación del Sistema Integrado de Seguridad Rural – SISER en la
Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y articulación con
los instrumentos de planeación local.
– Fortalecimiento por parte del Gobierno Nacional a los entes territoriales en
la priorización de proyectos de seguridad ciudadana en los entornos rurales,
348
así como el apalancamiento para la financiación de los mismos a través de
las fuentes destinadas para tal fin (FONSECON, SGR).
„h Prevención del constreñimiento y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por
parte de GAML y grupos delincuenciales organizados.
El Estado colombiano deberá
generar mecanismos para la garantía y protección de los derechos de los NNA
en escenarios de riesgo que implican dinámicas emergentes de criminalidad. El
reclutamiento, utilización y constreñimiento de NNA por parte de grupos armados
ilegales y grupos delincuenciales requiere de un nuevo análisis del contexto, en
donde la investigación criminal ubique en el centro los derechos de los NNA y
se impulse la judicialización de los responsables de dicha vulneración.
– Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de GAML
– Equipos de atención inmediata para la prevención urgente de reclutamiento y
utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de GAML
„h Sistema Nacional de Información y Análisis del Delito-SNIAD.
Mejorar las estrategias
de lucha contra la inseguridad ciudadana, parte de contar con información y
análisis cualificados, en tiempo real y con alta precisión en la identificación
geográfica del delito. Por tal razón, Colombia requiere un Sistema Nacional de
Información y Análisis del Delito-SNIAD que incluya:
– Construcción de una plataforma de inteligencia a partir del uso eficiente de
Big Data, como herramienta de planeación tanto para la nacíón como
para los gobiernos locales.
– Fortalecimiento del sistema de denuncias a través de la implementación
estrategias como: denuncia en línea, Salas Móviles de Denuncia y Brigadas
de atención a delitos rurales por parte de Policía Nacional y Fiscalía
General de la Nacíón; mejoramiento de los servicios de recepción de
denuncias en materia de Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual, prestados
por las Comisarías de Familia, los Centros de Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar- CAVIF, y los Centro de Atención a Víctimas de
Abuso Sexual-CAIVAS de la Fiscalía.
– Desarrollo de lineamientos para la implementación de Observatorios Locales
de Seguridad Ciudadana
– Cobertura Nacional de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Estrategia 1.2. Enfrentar de manera exitosa los retos en materia de seguridad pública

„h Erosionar la capacidad armada de los Grupos Armados al Margen de la Ley:
El
Gobierno Nacional continuará realizando acciones que permitan salvaguardar la
integridad de todo el territorio nacional, evitando que zonas estratégicas del país
sean utilizadas por los GAML o las estructuras de la Delincuencia Organizada
Transnacional (DOT) como áreas de repliegue, supervivencia y accionar
transnacional.
– Fortalecer las capacidades operacionales, de inteligencia y contrainteligencia de
la Fuerza Pública.
– Mejorar los flujos de información, así como acciones que permitan el bloqueo
efectivo de recursos financieros dirigidos a los GAML, la DOT y
organizaciones terroristas.
„h Protección de la infraestructura crítica:
Dado que Colombia cuenta con sectores
estratégicos para el desarrollo económico, político y social, así como para el
crecimiento sostenible y la integración regional tales como el minero-energético,
transporte y tecnologías de la información y comunicaciones entre otros, se hace
necesario fortalecer los mecanismos de prevención, protección y reacción frente a
las acciones por parte de los GAML y demás amenazas físicas y tecnológicas.
– Fortalecimiento de los Centros de Operaciones Especiales para la Protección
de la Infraestructura (COPEI) existentes: Arauca, Putumayo, Norte de
Santander, Nariño, Meta, Cesar y Bolívar; así como el COPEI Nacional; y la
creación de nuevos Centros de este tipo en zonas priorizadas, como es el
caso del departamento de Antioquia.
– Implementación del Centro Integrado de Inteligencia para la Infraestructura
CI2 Infraestructura.
– Desarrollo del mecanismo gobierno-industria creado para facilitar la permanente
coordinación y comunicación entre la Fuerza Pública, las demás entidades de
gobierno y el sector privado.
– Implementación y seguimiento de los estándares y protocolos de seguridad
física, diseñados conjuntamente con cada uno de los sectores administradores
de infraestructura crítica.
351
– Implementación y fortalecimiento estrategias de seguridad para favorecer el
control del tráfico fluvial y protección de la infraestructura crítica de los ríos
del país.
– Definición del plan maestro fluvial.
– Apoyo a las autoridades ambientales para prevenir, responder, controlar y
mitigar la contaminación ambiental y ejercer control en zonas de explotación y
corredores de tráfico de recursos naturales.
„h Lucha contra la minería criminal:
Dada la magnitud y complejidad de las
estructuras criminales que se desarrollan en torno a la minería criminal y su
impacto económico, social y medioambiental, combatir este negocio ilícito
demanda un esfuerzo conjunto y decidido de todos los entes del Estado para
disminuir la influencia y capacidad operacional del crimen. En este sentido se
trabajará en las siguientes acciones:
– Consolidación de la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería
Criminal.
– Fortalecimiento del marco jurídico existente, generando herramientas que
faciliten la lucha contra este flagelo.
– Desarticulación de las organizaciones de tráfico de Mercurio y materiales
peligrosos utilizados en la minería criminal, así como de las organizaciones
que desarrollan explotación ilícita en áreas protegidas excluibles de minería.
„h Lucha contra el contrabando:
La lucha contra el contrabando es una prioridad
para el Gobierno Nacional, no sólo por la afectación al orden público,
económico y sostenibilidad fiscal del Estado que trae consigo, sino además por
las actividades conexas y asociadas que se configuran en sistemas de economía
criminal, orientadas a la financiación del terrorismo y organizaciones criminales.
– Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Policía Fiscal y
Aduanera (POLFA) en términos de profesionalización, dotación y recursos
tecnológicos.
– Formulación de la Política para la Lucha contra el Contrabando.
– Fortalecimiento del proceso de intercambio de información y coordinación
operacional con otros países.
„h Fortalecimiento del control, administración y seguridad en zonas de frontera
4: Las
zonas de frontera, vulnerables a complejas dinámicas socioeconómicas y de
seguridad, requieren de la atención de toda la institucionalidad del Estado
colombiano, actuando con una perspectiva de largo plazo, integral y sostenible.
Para lograr lo anterior, la presente estrategia se enfocará en:
4 Definidas por la Ley 191 de 1995 como aquellos municipios, corregimientos especiales de los
departamentos fronterizos, colindantes con los límites de la República de Colombia y aquellos en cuyas
actividades económicas y sociales se advierte la influencia directa del fenómeno fronterizo.
352
– Implementación de la Política Sectorial de Seguridad y Defensa Fronteriza.
– Incremento de la coordinación interinstitucional entre las instancias estatales
con roles en el desarrollo socioeconómico, y la seguridad en las zonas de
frontera en el marco del Documento Conpes Prosperidad para las
Fronteras.
– Fortalecimiento de las de las capacidades de Guardacostas y Seguridad
Marítima.
– Implementación de programas de prevención de las problemáticas de
criminalidad carácterísticas de las zonas de fronteras tales como contrabando,
tráfico de armas, trata de personas, secuestro, narcotráfico, hurto, homicidio y
extorsión, entre otros.
„h Estrategia Nacional de Ciberseguridad:
Fortalecimiento del diseño institucional y la
capacidad de articulación entre las diferentes instancias, niveles de gobierno, el
sector privado y la ciudadanía. Ello incluye:
– Consolidación del Grupo de Respuestas a Incidentes Cibernéticos de Colombia
(ColCERT), como ente articulador del gobierno.
– Creación y fortalecimiento del Observatorio del Ciberdelito y el Centro de
Mando y Control, comunicaciones y Coordinación del Cibercrimen (C4) de la
Policía.
– Fortalecimiento de la capacidad de protección de las Fuerzas Militares y la
Policía de sus propios activos digitales.
– Armonización del marco legal con las necesidades en materia de prevención,
detección y atención del ciberdelito.
– Creación de los Centros de Respuesta Cibernética Sectoriales (CSIRTs)
– Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional, propiciando el
intercambio de mejores prácticas y de información y la creación de redes de
vigilancia y alerta internacionales.
„h Consolidación y modernización de Grupos Especializados para contrarrestar los
delitos del robo de celulares, extorsión, microtráfico y fleteo:
En el marco de la
Política Integral contra las Bandas Criminales asociadas a los delitos de robo de
celulares, extorsión, microtráfico y fleteo, el Estado tiene la obligación de autorizar
operaciones coordinadas interinstitucionalmente, que busquen desarticular estos
grupos, judicializar a sus miembros y evitar sus acciones, en el marco de la
justicia ordinaria.
– Expedir las normas necesarias que permitan avanzar en la tipificación de las
conductas relacionadas con la reconfiguración de los IMEI (International
Mobile Equipment Identity), regular la importación y exportación de celulares
usados y definir las normas de policía que permitan el cierre de los
establecimientos dedicaods a la venta de celulares hurtados.
353
– Liderar la coordinación interinstitucional nacional y territorial necesaria para
hacer operativa la estrategia de hurto de celulares con Policía Fiscalía
MINTIC MINCIT DIAN CRC e implementarla en las 10 ciudadaes más
afectadas por este delito: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Neiva.

Estrategia 1.3. Asegurar el respeto de la soberanía nacional y la protección de los intereses
nacionales.

Como garantes de la soberanía y de la integridad territorial, las Fuerzas Militares tienen
la obligación constitucional de emprender todas las acciones encaminadas a proteger
estos dos valores en los dominios terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, espacial y
ciberespacial frente a cualquier tipo de agresión externa o interna, como un ataque
contra la infraestructura crítica de la nacíón, acciones políticas tendientes a obtener
control sobre el territorio nacional o ataques cibernéticos contra los intereses nacionales.
354
„h Mantenimiento de las capacidades disuasivas para la seguridad y defensa nacional:

En línea con nuestra tradición de respeto por el derecho internacional, los
principios de no agresión y de cooperación internacional, el Gobierno Nacional
mantendrá una capacidad disuasiva creíble, dentro de una postura estratégica
defensiva, que le permita cumplir con el mandato constitucional que le ha sido
asignado así como responder a potenciales amenazas. Para ello, el Gobierno
Nacional realizará esfuerzos encaminados al:
– Mantenimiento, renovación y repotenciación del material estratégico.
– Modernización y fortalecimiento de nuevas capacidades operativas.
– Fortalecimiento de las capacidades relacionadas con inteligencia y mando y
control.
– Consolidación de los flujos de información interinstitucional y con países
estratégicos para contrarrestar amenazas comunes como el terrorismo, el
narcotráfico o la DOT.
– Fortalecimiento de las actividades encaminadas a administrar, preservar y
defender el territorio marino, submarino y costero colombiano.
– Participación en Operaciones Multidimensionales de Paz, así como en
operaciones combinadas de paz, de ayuda humanitaria y atención de
desastres.
– Cooperación a terceros países bajo el esquema de Cooperación Triangular
y participación en escenarios internacionales.
– Participación en ejercicios de entrenamiento e interoperabilidad que permitan
elevar las capacidades operacionales de la Fuerza Pública y promover una
mayor integración con fuerzas armadas de otros países y organizaciones
internacionales.
– Conformación de un Centro Integrado de Operaciones Multidimensionales de
Paz.
– Promulgación de la ley marco del territorio marino, fluvial y costero
– Fortalecimiento de la presencia y liderazgo en escenarios de coordinación
internacional marítimos como el Tratado Antártico, y el Sistema Marítimo
Global de Socorro y Seguridad en el Caribe Occidental Colombiano.
– Creación del Sistema Nacional de Seguridad Integral Marítima, Fluvial y
Portuaria.
– Formulación e implementación de la Estrategia Marítima del Estado
Colombiano.
„h Fortalecimiento del planeamiento de los esfuerzos de búsqueda de información
tendiente a la protección de la infraestructura y activos estratégicos de la Nacíón
La evolución de fenómenos políticos y socioeconómicos a nivel nacional, regional
y global, fundamenta la necesidad del Estado colombiano de consolidar su
conocimiento y preparación ante desafíos que puedan amenazar los intereses
355
nacionales y la seguridad y bienestar de sus ciudadanos; el planeamiento del
esfuerzo de búsqueda de información se convertirá en pieza fundamental de dicha
tarea, incrementado su contribución preventiva y prospectiva. Esta línea de acción
se desarrolla de la siguiente manera
– Fortalecimiento de las capacidades técnicas, tecnológicas y de talento humano
destinadas a la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información.
– Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, la articulación
interinstitucional y las sinergias entre los organismos de inteligencia y
contrainteligencia y otras entidades gubernamentales.
– Desarrollo de esquemas de supervisión y cumplimiento de la Estrategia
Nacional de Inteligencia.
– Consolidación y generación de herramientas de protección, manejo e
intercambio de la información, entre ellas los Centros de Protección de Datos
y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia (CPD).
– Definición e implementación de mecanismos para el uso y seguimiento del
impacto de los activos de conocimiento en la toma de decisiones de política
pública.
„h Fortalecimiento de las capacidades en Ciberdefensa:
Colombia deberá desarrollar
capacidades que permitan afrontar las amenazas cibernéticas y sus riesgos
asociados, así como fortalecer las capacidades de neutralización y reacción ante
incidentes o ataques informáticos que atenten contra la infraestructura crítica
digital y la soberanía nacional. Para ello, se desarrollarán las siguientes líneas
de acción:
– Consolidación del ejercicio de identificación y catalogación de la infraestructura
crítica digital y establecer los planes de protección de esa infraestructura.
– Fortalecimiento de las capacidades disuasivas del país en el ciberespacio y
posicionamiento de Colombia a nivel regional como referente en ciberdefensa.
Estrategia 1.4. Fortalecer las acciones de bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza
Pública.

El bienestar se posiciona como un tema estratégico transversal en el desarrollo de
capacidades y desempeño de la Fuerza Pública, debido a su relación directa con la
calidad de vida de los uniformados y sus familias, así como con la moral combativa en
el cumplimiento de la misión.
„h Sistema de salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional sostenible y eficiente:
La
salud es un pilar fundamental del bienestar de nuestros hombres y sus familias;
es por esto que se debe mantener el régimen especial en salud, buscando cada
vez más eficiencia, oportunidad y efectividad en la atención. En este sentido, se
356
fortalecerá el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional
(SSMP) así:
– Reforma a la ley del SSMP.
– Desarrollo e implementación del sistema de información de sanidad militar.
– Saneamiento de las finanzas del sector.
– Implementación de planes y programas para el mejoramiento en la prestación
de los servicios de salud.
„h Vivienda para la Fuerza Pública:
Conscientes de que el tema de vivienda es
fundamental en la calidad de vida de los miembros de la Fuerza Pública y sus
familias, el Sector Defensa consolidará esfuerzos para incrementar el acceso a
una vivienda digna. Esta línea de acción de desarrolla de la siguiente manera:
– Implementación del plan de sostenibilidad de la Caja Promotora de Vivienda
Militar y de Policía CAPROVIMPO.
– Realización de alianzas con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para
otorgar subsidios de vivienda a los uniformados con discapacidad.
– Estructuración y puesta en marcha de nuevos modelos de adquisición de
vivienda para los soldados profesionales y policías.
– Formalización el subsidio de vivienda a la población de soldados regulares,
infantes de marina regulares y auxiliares de policía, desatendidos en esta
materia.
„h Sistema educativo de la Fuerza Pública:
Teniendo en cuenta que parte del
Bienestar de nuestros hombres implica darle las herramientas en términos de
formación y procesos claros de gestión de su carrera profesional dentro de la
Fuerza, se realizará:
– Impulso de proyectos que busquen la alineación del Sistema Educativo de la
Fuerza Pública y el de Gestión del Talento Humano, cubriendo las brechas
existentes de profesionalización, pertinencia y calidad de la Educación que
reciben los hombres y mujeres de la Fuerza Pública.
„h Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral (SGRRI):
Buscando ofrecer
atención oportuna e integral en el ciclo de rehabilitación de la población con
discapacidad de la Fuerza Pública como consecuencia de actos del servicio, en
combate, o por acción directa del enemigo, se proponen las siguientes líneas de
acción:
– Desarrollo de los lineamientos establecidos en la Política de Discapacidad del
Sector Seguridad y Defensa.
– Implementación del Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral
(SGRRI).
„h Rehabilitación integral:
Con el fin de fortalecer el proceso de rehabilitación, se ha
complementado el ciclo con una fase final de rehabilitación inclusiva, que trabaja
por la rehabilitación social, familiar y laboral del personal con discapacidad de la
357
Fuerza Pública, donde se desarrollan capacidades que les permitan estructurar un
nuevo proyecto de vida. En este sentido, se desarrollarán las siguientes acciones:
– Constitución y puesta en marcha de la Dirección Centro de Rehabilitación
Inclusiva que tiene a cargo el funcionamiento del Centro de Rehabilitación
Inclusiva (CRI).
– Desarrollo del proyecto del Centro de Atención al Héroe y su Familia como
parte del complejo de rehabilitación.
– Realización de alianzas con el sector privado y de cooperación para la
educación e inclusión social y laboral de nuestros héroes con discapacidad.
„h Pensión heridos:
Incremento de la pensión de invalidez originada en combate o
actos meritorios del servicio.
„h Sistema de Defensa Técnica y Especializada:
Para garantizar el derecho a la
defensa de los miembros de la Fuerza Pública, se trabajará sobre las siguientes
líneas de acción:
– Ampliación de la cobertura del Sistema de Defensa Técnica y Especializada
de los miembros de la Fuerza Pública.
– Aseguramiento de las garantías de los miembros de la Fuerza Pública frente
a los instrumentos de justicia transicional.
– Gestión de la reforma constitucional al Fuero Militar, la reforma a la Justicia
Penal Militar (SPOA) y la Armonización del Derecho Internacional
Humanitario.

Estrategia 1.5. Modernizar y fortalecer las instituciones de Seguridad y Defensa

Este objetivo apunta a la necesidad de definir una estructura institucional que evolucione
de manera consistente con los retos operacionales futuros y garantice la coherencia entre
el marco presupuestal existente, las misiones y las capacidades de la Fuerza Pública.
„h Capital humano:
Dentro del proceso de planeación por capacidades, el Capital
Humano es uno de los factores centrales que lidera, moviliza y dinamiza las
acciones de la Fuerza Pública. Por tal motivo, tener hombres y mujeres que
respondan de manera adecuada a los retos del sector se convierte en un tema vital
para el éxito del proceso de transformación y modernización. Con miras a lograr
dicho objetivo se proponen las siguientes líneas de acción:
358
– Identificación de las brechas existentes y generación del plan de acción a
mediano y largo plazo para contar con la cantidad y calidad de hombres y
mujeres que se necesiten.
– Realización de análisis de los procesos de reclutamiento e incorporación,
entrenamiento y formación, desarrollo profesional y retiro.
– Fomento de la educación superior en niveles de posgrados y educación
continuada en las mejores universidades nacionales y del exterior.
– Desarrollo de competencias en el manejo de uno o más idiomas.
– Adaptación del Sistema Educativo de la Fuerza Pública en términos de
metodologías, currículos, infraestructura y docentes, para el desarrollo de
capacidades de mejora de los procesos formativos.
„h Planeación por capacidades
El Modelo de Planeación por Capacidades integra los
diferentes componentes de la estructura de fuerza para desarrollar la habilidad de
realizar las tareas que se requieren, de manera independiente o en conjunto entre
las fuerzas, para dar respuesta a los retos presentes y futuros del sector. Con el
fin de consolidar el empleo flexible, oportuno y eficiente de las capacidades y su
proyección, se trabajará en las siguientes líneas de acción:
– Consolidación de Modelo de Planeación por Capacidades.
– Diseño y puesta en marcha de un Sistema de Monitoreo de Capacidades
(SMC) y en el desarrollo de herramientas y metodologías que contribuyan a su
gestión.
„h Sostenibilidad y eficiencia del gasto del sector:
Uno de los grandes retos que enfrenta
el sector defensa y seguridad es garantizar el financiamiento de sus actividades en
el marco de las restricciones fiscales de la nacíón. En este contexto se avanzará
en las siguientes líneas:
– Desarrollo de herramientas que favorezcan mejores prácticas de planeación como
el costeo unitario, la metodología de cálculo de costo de ciclo de vida y
proyecciones de largo plazo para personal y equipo.
– Implementación de un modelo de gestión de compras que permita optimizar el
proceso y generar ahorros.
– Implementación del Plan Maestro Logístico para la integración y optimización de
las capacidades de mantenimiento mayor de bienes y equipos y procesos
logísticos de la Fuerza Pública.
– Ejecución de proyectos de inversión y gestión público privada (APP) para la
modernización y administración de activos estratégicos del sector.
– Desarrollo de un modelo de gestión de bienes raíces para la modernización de la
infraestructura de la Fuerza Pública, mediante la integración de los activos fijos
del Sector Seguridad y Defensa al mercado inmobiliario.
359
„h Gestión financiera y contractual:
Liderar, en materia contractual, la política de
transparencia en la contratación con el fin de impartir lineamientos internos en
materia anticorrupción.
– Utilización de herramientas electrónicas, modelos dinámicos financieros y de
contratación y la implementación de acuerdos marco con Colombia Compra
Eficiente.
– Formulación de un proyecto de reestructuración administrativa y financiera para el
manejo, liquidación y control de la cuota de compensación militar, garantizando la
transparencia y agilidad en su recaudo, liquidación y control.
– Evaluación del procedimiento administrativo y financiero relacionado con la venta y
control de armas, en el cual intervienen INDUMIL y el Departamento de Control
y Comercio de Armas del CGFM.
„h Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) más competitivo:
En cuanto al reto
de lograr un GSED más competitivo para apoyar adecuadamente a la Fuerza
Pública, se plantean las siguientes acciones:
– Fortalecimiento del modelo estratégico y de gobierno de las entidades que
conforman el grupo y su centro corporativo.
– Adopción de prácticas de buen gobierno por parte de las entidades, en
coordinación con el Centro Corporativo, acorde con los principios de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
– Adopción de revisorías fiscales por parte del GSED como herramientas de soporte
a la labor de sus Juntas Directivas, Consejos Directivos o Consejo Superior.
– Reforma de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, asegurando su
especialización y fortalecimiento de la gestión contractual.
– Desarrollo de la base tecnológica e industrial de defensa y seguridad.
– Diseño e implementación de una política de competitividad para la base
tecnológica e industrial, en coordinación con el gobierno nacional.
„h Derechos Humanos:
Consolidación del logro de los objetivos estratégicos y las
líneas de acción definidas en la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.
– Fortalecimiento de la política de cero tolerancia a violaciones de derechos
humanos por parte de los miembros de la Fuerza Pública.
– Fortalecimiento de la relación del Sector Defensa con el sector empresarial, en el
marco del lineamiento internacional de responsabilidad social.
360

Sector Producto Línea base 2013 Meta 2018

Defensa Nacional
Personal uniformado de la Fuerza
Pública graduado en programas
de Formación Avanzada
1.516 7.739
Personal graduado de las
Escuelas de formación,
certificados en los niveles A2 Y
B1 del Marco Común Europeo
0 3.600

Estrategia 1.6. Contribución del sector Seguridad y Defensa al desarrollo del país

El Sector Seguridad y Defensa ha participado activamente mediante el uso de sus
capacidades en apoyar programas que trascienden las funciones militares y policiales y
que contribuyen al desarrollo del país. En este sentido, el Sector ha tenido un papel
fundamental en el pasado que se debe seguir fortaleciendo para dar respuesta a las
amenazas o necesidades actuales y futuras en estos temas.
„h Gestión del riesgo:
El Sector Seguridad y Defensa hace parte del Sistema Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y desde allí busca articular el
uso de las capacidades sectoriales con las demás autoridades del Sistema en los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres. Para tal
fin se llevará a cabo:
– Apoyo a las autoridades nacionales, regionales y locales en la identificación de
escenarios, análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento del riesgo.
– Acompañamiento técnico a las autoridades nacionales.
„h Contribución a la Consolidación Territorial:
Las iniciativas de Consolidación del Sector
Defensa contribuyen a garantizar la irreversibilidad y sostenibilidad de las
condiciones de seguridad, logrando así el ambiente propicio para la entrada de la
oferta estatal y de los gobiernos regionales y locales para incentivar el desarrollo
económico y social de la población. En este sentido se trabajará sobre las
siguientes líneas estratégicas:
– Fortalecimiento de las capacidades de los Ingenieros Militares con el fin de
continuar con la ejecución de obras de alto impacto estratégico en zonas donde
existan mayores necesidades.
– Revisión del modelo de operación de Satena para definir posibles mecanismos de
financiación del servicio social aéreo y asegurar que las comunidades con
dificultades de acceso cuenten con servicios de transporte aéreo.
„h Ciencia, Tecnología e Innovación:
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación
(CTeI) tiene dos fines principales en el sector defensa. El primero de ellos, es
el de contribuir al cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fuerza
Pública, buscando para ello la autosuficiencia y la independencia a nivel local. El
361
segundo fin es perseguir el desarrollo industrial del país, el cual se puede dar a
través de la apropiación de tecnologías de punta y de la aplicación dual (hacia
el sector civil) de aquéllas inicialmente aplicables al ámbito militar y de
seguridad. Para garantizar lo anterior, se llevará a cabo:
– Diseño y puesta en marcha de las Apuestas Sectoriales que den respuesta a la
proyección de capacidades de la Fuerza Pública a mediano y largo plazo.
– Consolidación del apoyo a la Fuerza Pública con la gerencia de los proyectos
de CTeI a través de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa.
– Gestionar la propiedad intelectual del sector defensa derivada de los proyectos
de CTeI.

Estrategia 1.7. Desarme, Desmovilización y Reinserción

El Desarme, Desmovilización y Reinserción es una de las condiciones básicas y de más
corto plazo que enfrentan los países que buscan una transición hacia la paz. Del buen
desarrollo de esta etapa depende, en gran parte, el éxito de todo el proceso, ya que
se convierte en un momento de reconciliación, en el cual los antiguos combatientes
reconocen su convicción por abandonar las actividades ilícitas y volver a hacer parte
activa y productiva de la sociedad. En este sentido, el gobierno trabajará para que la
desmovilización individual y voluntaria de los miembros de los GAML continúe como una
política nacional para disminuir los efectivos de estos grupos. Para ello se desarrollarán
las siguientes líneas de acción.
„h Fortalecimiento de las campañas de desmovilización, focalizando los esfuerzos en
aquellas regiones donde estos grupos concentren su accionar.
„h Intensificar las campañas de prevención de reclutamiento y utilización de niños,
niñas y adolescentes por parte de los GAML y la DOT, desarrollando acciones
con énfasis en la judicialización, la individualización y la captura de los
promotores y ejecutores de estas conductas.

Objetivo 2

Promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con
un enfoque sistémico y territorial.
El desarrollo de este objetivo tiene la finalidad de crear sinergias a partir de la acción
articulada y coordinada de los diferentes actores del Estado que participan en la
prestación, administración y acceso a los servicios de justicia de acuerdo con las
competencias establecidas tanto para las autoridades nacionales como territoriales
362
investidas para la administración de justicia5. Las estrategias contempladas a continuación
consideran la respectiva articulación con aspectos claves del Plan Sectorial de Desarrollo
de la Rama Judicial para el período 2015-2018.

Estrategia 2.1

Acciones coordinadas de los operadores del sistema para mejorar la
administración de justicia y la gestión judicial.
„h Diseño e implementación de un modelo sistémico de justicia con enfoque territorial
y énfasis rural, priorizando zonas y municipios más afectados por el conflicto
armado en el que se tenga en cuenta la conflictividad local, la definición de
Necesidades Jurídicas Insatisfechas (NJI) en el país, la adecuación de la oferta
institucional y el diseño de los sistemas locales de justicia, para que se facilite
el acceso de los ciudadanos a la justicia en articulación con la rama judicial, las
entidades territoriales y el Ministerio Público.
„h Fortalecimiento del ejercicio de la profesión jurídica mediante planes de
mejoramiento en la calidad de los programas de derecho y de los actuales
abogados, y la preparación de un proyecto de ley sobre los requisitos para los
abogados que interactúan con el sistema de justicia.
„h Promoción de programas de formación y desarrollo integral de los operadores de
justicia y policía judicial, para fortalecer competencias de acuerdo con su
especialidad, población, territorio, y problemáticas y conflictividad a atender.
5 De acuerdo con lo establecido en la Ley 1285 de 2009, reformatoria de la Ley Estatutaria de Justicia,
excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades administrativas para
que conozcan de asuntos que por su naturaleza o cuantía puedan ser resueltos por aquellas de manera adecuada y
eficaz. En tal caso la ley señalará las competencias, las garantías al debido proceso y las demás condiciones necesarias
para proteger en forma apropiada los derechos de las partes. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes
para proferir fallos en derecho o en equidad. (Artículo 3, Ley 1285 de 2009). Al respecto la Corte Constitucional
había señalado previamente que el artículo 116 de la Carta hace una enunciación de los órganos y personas encargados
de administrar justicia, sin que ello signifique, de una parte, que todos ellos integren la Rama Judicial ni, de la otra,
que cualquier otra autoridad o particular, con base en las atribuciones respectivas, no pueda dirimir o componer
determinados conflictos de orden jurídico, según los postulados que fijen la Carta Política y la Ley. En cuanto al primer
aspecto, el Título VIII de la Carta Política enumera y regula las funciones de las jurisdicciones y los órganos
pertenecientes a la Rama Judicial, esto es, la jurisdicción constitucional (Artículos 239 a 245), la jurisdicción
contencioso-administrativa (Artículos 236 a 238), la jurisdicción ordinaria (Artículos 234 y 235), la Fiscalía General de
la Nacíón (Artículos 249 a 253), las jurisdicciones especiales (Artículos 246 y 247) y el Consejo Superior de la
Judicatura (Artículos 254 a 257). Como puede apreciarse, el artículo 116 faculta a otras instituciones del Estado
(Congreso, Tribunales Militares) o a otras personas (autoridades administrativas, particulares) para administrar justicia, sin
que ellas hagan parte de la Rama Judicial. Respecto al segundo argumento, se tiene que la Constitución misma permite
a ciertas autoridades, instituciones o personas administrar justicia, las cuales no hacen parte del listado contenido en el
116 superior. Tal es el caso, por ejemplo, de las autoridades indígenas o de los jueces de paz. En igual forma, puede
decirse que determinados particulares pueden cumplir con esas funciones, en los términos que señala el citado artículo 116
superior (Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996).
363
„h La medición del avance de la estrategia requerirá definir la meta intermedia y
sus productos con las entidades involucradas.

Estrategia 2.2

Programas de acceso a la justicia para las personas.
A través de esta estrategia se busca facilitar el acceso al servicio de justicia mediante
el fortalecimiento de los mecanismos de atención y orientación a los usuarios de los
servicios de justicia en todo el territorio nacional y la superación de las barreras
territoriales y poblacionales, teniendo en cuenta las 100 Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad para lo cual durante
el cuatrienio se deberán desarrollar las siguientes líneas de acción:
„h Las casas de justicia y centros de convivencia ciudadana contarán con un nuevo
modelo de atención interinstitucional, que permita que los ciudadanos que acudan
a las casas o centros sean atendidos integralmente por las instituciones que
hacen parte del Programa Nacional.
„h Las casas de justicia y centros de convivencia ciudadana estarán conectados a
un sistema de información nacional que permita recoger, sistematizar y analizar la
información de la atención integral en el Programa Nacional.
„h Diseño de rutas de atención al ciudadano con enfoque diferencial que incluyan
los procedimientos y acciones de los procesos judiciales y extrajudiciales en las
diferentes especialidades, incluyendo la administración de justicia a cargo del
Ejecutivo.
„h Nuevo diseño institucional de las comisarías de familia con las entidades del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, comisarios y comisarías de familia y
expertos académicos para fortalecer y estandarizar la atención y los servicios
prestados por las comisarías de familia de todo el país, con el fin de garantizar
su prestación oportuna y de calidad. Lo anterior incluye la formulación y la
promoción de una reforma institucional de estas entidades que incluya la
incorporación de herramientas de gestión y servicios basados en TIC de tal
manera que se pueda realizar seguimiento a la atención que reciben las mujeres
víctimas en estas instituciones.
„h El Gobierno Nacional establecerá un nuevo modelo de financiación y sostenibilidad
del programa nacional de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana en
cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Estrategia 2.3

Gestión de la información para la toma de decisiones en justicia.
En el marco del modelo sistémico de justicia se deberá contemplar la identificación de
actores, roles y flujos de información para que las entidades que hacen parte del
Sistema de Justicia brinden sus servicios con base en evidencia y orientado a
resultados, para lo cual las tecnologías de la información y las comunicaciones son un
mecanismo clave de apoyo a la transparencia, eficiencia y acceso a la justicia. De aquí
que sea fundamental desarrollar las siguientes capacidades de gestión de la información
para la toma de decisiones en justicia en coordinación con el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas. Para ello, se avanzará en:
„h La interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades que
participan en el Sistema de Justicia.
„h Fortalecimiento y certificación en materia de producción de estadísticas del Sistema
de Justicia, considerando la armonización del lenguaje común para el intercambio
y análisis de la información entre los actores involucrados en el Sistema de
Justicia, y la implementación de procesos de recolección, procesamiento, análisis
y difusión de información estadística oportuna que contribuya a la toma de
decisiones en política pública, involucrando variables asociadas a la caracterización
de los involucrados en los conflictos atendidos o gestionados por el Sistema, su
respectiva territorialización y trazabilidad en el Sistema.
„h Mejoramiento de la accesibilidad al Mapa de justicia con actualización permanente,
así como la forma en la cual el mismo es presentado al público, mediante el
fortalecimiento de los procesos de georeferenciación de las sedes de oferta
institucional en materia de justicia, la ampliación de los canales y la realización
de ajustes para permitir el acceso a personas en condiciones de discapacidad a
través de las entidades prestadoras de servicios de justicia, resolución de
conflictos y servicios relacionados.

Estrategia 2.4

Fortalecimiento de la calidad y eficacia de la producción normativa de la
Rama Ejecutiva del orden nacional.
Para enfrentar las implicaciones en seguridad jurídica derivadas de una alta producción
normativa sin la coordinación, planeación y control de calidad adecuados, el Gobierno
Nacional deberá diseñar, promover e implementar estándares, procesos y herramientas
que contribuyan al fortalecimiento de la calidad y eficacia de la producción normativa de
la Rama Ejecutiva del orden nacional.
En consonancia con lo anterior, se presentará un Documento CONPES que sirva como
marco de política pública liderado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República y el Ministerio de Justicia y del Derecho el cual se construirá en armónía con
los aspectos aprobados en el Documento CONPES 3816. De esta manera se sentarán
las bases para la formulación de una política de largo plazo, que deberá
involucrar la participación de la Rama Legislativa para, entre otros aspectos,
diseñar y poner en marcha un piloto de Unidad Técnica Legislativa en el
Congreso de la República y que, además, deberá considerar la coordinación con
la Rama Judicial en relación con la actualización jurisprudencial. El desarrollo de
esta estrategia contempla:
„h Conformación del Sistema de producción normativa que articule a las entidades
de la Rama Ejecutiva del orden nacional en un proceso de producción normativa
con calidad y eficacia. Este Sistema deberá promover todos los instrumentos que
se definan para mejorar el proceso de producción normativa en el marco de un
modelo que integre los aspectos asociados a la producción normativa en el
Modelo de gestión jurídica pública y el Modelo integrado de planeación y
gestión.
„h Implementación de herramientas técnicas estandarizadas y capacidades técnicas
permanentes para la planeación, formulación y evaluación de la producción
normativa de la Rama Ejecutiva del orden nacional, que desarrolle lo relacionado
con técnica jurídica, prevención del daño antijurídico desde la producción
normativa, lenguaje claro en la producción normativa y transparencia y consulta
pública en el proceso de producción normativa
366
„h Desarrollo del análisis de normas expedidas desde 1886 para fortalecer el diseño
e implementación de la producción normativa.
„h Facilitar el conocimiento, el acceso y la comprensión de la producción normativa,
mediante la ampliación en el alcance normativo, sectorial y territorial del Sistema
Único de Información Normativa SUIN- JURISCOL y su articulación con el
Sistema Único de Información de Trámites SUIT y el Portal del Estado
colombiano. En este aspecto, también se deberá incluir el desarrollo de una
Agenda normativa y el uso de derogatorias explícitas en la producción normativa
de la Rama Ejecutiva del orden nacional y se avanzará en el proyecto de
armonización normativa, en coordinación con los demás sectores de la
administración pública.6

Estrategia 2.5

Prestación, inspección y vigilancia de los servicios registrales y notariales
en el país
Con el fin de afianzar el buen funcionamiento del sistema notarial y fortalecer el sistema
registral para garantizar la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad de los
bienes inmueble en el país, se requiere el desarrollo de las siguientes acciones:
„h Ampliación de la interrelación entre la información catastral y registral, mediante la
coordinación entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
„h Ampliación de la cobertura del servicio registral de acuerdo con las condiciones
de accesibilidad y demanda del servicio registral en los territorios.
6 El proyecto de armonización por sectores administrativos comprende el análisis de las normas de su competencia, con
el fin de determinar cuáles pueden ser expulsadas del ordenamiento jurídico, por ser consideradas como inútiles, en
desuso o que ya cumplieron con el objetivo para el cual fueron creadas; así como la.Expedición de decretos
reglamentarios únicos por sector.
367
„h Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control a los servicios
notariales en el país mediante la conexión de las notarías al Sistema de
Información Notarial.

Estrategia 2.6

Colaborar con la Rama Judicial y órganos del sistema de justicia en la
implementación de las apuestas estratégicas para la garantizar el derecho a la justicia.
En la visión de Sistema de Justicia, el Gobierno Nacional reconoce la importancia de la
colaboración armónica con la Rama Judicial y otros órganos del Estado para garantizar
el derecho a la justicia. Además, consciente de la independencia y autonomía que les
es propia, plantea como estrategia apoyar la labor de la Rama Judicial en los siguientes
puntos fundamentales, sin desconocer otros que hacen parte de la agenda del mismo
Sistema de Justicia:
„h Implementación del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2015
2018, para brindar una justicia más eficiente y eficaz, en especial en aspectos
tecnológicos (justicia en línea, expediente electrónico, Gobierno-e, Ciudadanose),
desarrollo del talento humano, infraestructura judicial, rediseño organizacional
y democratización de la administración de justicia.
„h Impulsar la implementación del Código General del Proceso en todo el territorio
nacional, consolidar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; así como la ampliación y consolidación de los juzgados de
pequeñas causas y el proceso de conversión gradual de los cargos de
descongestión en cargos de carácter permanente.
„h Desarrollar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante
la dirección, control, estandarización y reglamentación de procedimientos; el
fortalecimiento de la investigación científica en el marco de la política de ciencia,
tecnología e innovación; la ampliación de cobertura de la oferta institucional y su
financiamiento para aumentar la capacidad técnico científica instalada y los
modelos de atención del Instituto Nacional de Medicina Legal, especialmente las
zonas urbanas y rurales.
368

Objetivo 3

Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos.
.

Estrategia 3.1

Sistema de gestión integral para el fortalecimiento de la participación
ciudadana, y la planeación participativa.
El fortalecimiento de la participación ciudadana se orientará a desarrollar modelos de
gobernanza colaborativa y multinivel, los cuales permitan articular las múltiples instancias,
mecanismos y canales de participación existentes con el fin de garantizar que la
ciudadanía y los grupos de interés tengan una real incidencia en la planeación,
implementación y evaluación de políticas públicas. El desarrollo de dichos modelos
incluye:
„h Implementación de un Sistema de Gestión Integral de la Participación Ciudadana7.
Dicho sistema permitirá la identificación y registro de actores y grupos organizados
que buscan incidir en la planeación, control y gestión de las políticas públicas; incluir
procesos operativos estándar y criterios de gestión de información requerida para
permitir la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos; el fortalecimiento de
las organizaciones sociales para el cumplimiento de sus propósitos misionales; la
ampliación de mecanismos de cogestión entre la institucionalidad pública y la
sociedad civil; el fortalecimiento de los procesos de veeduría y control social; la
estructuración de una estrategia de participación digital enfocada a la construcción de
canales sostenibles de información y comunicación con la ciudadanía y; el desarrollo
de capacidades ciudadanas para el diálogo, mediación y trasformación de conflictos
que promuevan espacios democráticos de participación ciudadana en medio de la
diferencia.
„h Fortalecimiento de los procesos de identificación de actores clave involucrados en los
canales e instancias de participación ciudadana garantizando la representatividad de
los mismos y reflejando la composición plural de los sectores sociales que tienen
incidencia en la gestión de lo público.
„h Implementación de un programa de fortalecimiento de la planeación y presupuestación
participativa así como de los Consejos Territoriales de Planeación.
„h Implementar programas regionales de Innovación Social para la identificación e
institucionalización de soluciones novedosas a problemas públicos.
7 El Sistema de Gestión Integral de la Participación Ciudadana prestará especial atención a zonas de afectación por
conflicto armado, presencia de cultivos ilícitos, debilidades institucionales y elevados niveles de pobreza.
369
„h Se implementará y consolidará la política pública para los organismos de acción
comunal, a partir de la caracterización y fortalecimiento de las organizaciones
comunales, en articulación con las entidades competentes en la materia.

Estrategia 3.2

Fortalecimiento de los mecanismos de representación democrática y
participación electoral.
Con el fin de avanzar en la promoción de una ciudadanía informada, capaz de ejercer
su derecho a elegir y ser elegido con énfasis particular e la equidad de género en los
cargos de elección popular, se adelantarán las siguientes líneas de acción:
„h Fortalecimiento de la Unidad de Recepción para la Transparencia Electoral
(URIEL) como mecanismo de denuncia de delitos electorales.
„h Fortalecimiento del Centro de Estudios de Democracia y Asuntos Electorales para
la generación de conocimiento útil en el mejoramiento de los procesos electorales
370
y en el desarrollo de ejercicios pedagógicos para la apropiación por parte de la
ciudadanía en relación con el sistema electoral.
„h Fortalecimiento de los escenarios de articulación entre los partidos políticos y los
mecanismos, canales e instancias de participación ciudadana de carácter
reglamentado y no reglamentado.
„h Implementación de tecnologías de la información y telecomunicaciones en el
proceso electoral mediante la implementación el Sistema de Voto Electrónico.
„h Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de registro
civil e identificación.
„h Implementación de programas de fortalecimiento a capacidades de liderazgo a
sectores de la población subrepresentados como mujeres y jóvenes.