Bienes publicos puros e impuros
Los BIENES PÚBLICOS satisfacen necesidades individuales, al igual que los bienes privados, pero tienen dos CARACTERÍSTICAS que los hacen distintos:1. Su consumo es no rival: el hecho de que un individuo consuma estos bienes no reduce la utilidad que otros individuos obtienen simultáneamente de los mismos (NO RIVALIDAD). 2. Imposibilidad técnica o económica de aplicar el principio de exclusión a su consumo: una vez suministrados, no es posible excluir a ningún individuo de su consumo (IMPOSIBILIDAD DE EXCLUSIÓN). La concurrencia de estas dos características en los bienes públicos hace que se consuman conjuntamente, es decir, proporcionan utilidad a más de un consumidor simultáneamente (CONSUMO CONJUNTO). Por el contrario, los BIENES PRIVADOS tienen las características de rivalidad absoluta y posibilidad de exclusión, de modo que sólo proporcionan utilidad a un consumidor simultáneamente (consumo individual). Aunque una vez suministrados, todos los individuos consumen la misma cantidad del bien público, esto no implica que todos obtengan la misma utilidad, ya que habitualmente diferirán en sus preferencias. La calificación de un bien como público está condicionada técnica y económicamente: la no rivalidad y la imposibilidad de exclusión pueden verse alteradas al cambiar las condiciones técnicas o económicas. En la realidad existen pocos bienes públicos puros (en muchos casos presentan rivalidad parcial y/o alguna posibilidad de exclusión), pero su modo de análisis ayuda a comprender los problemas que ocasionan este tipo de bienes. Que un bien sea producido o provisto por el sector público no lo convierte en un bien público: – Producción pública: el sector público se ocupa de la actividad de producción del bien (combina los factores productivos). – Provisión pública: el sector público asume la mayor parte de la financiación del bien (suministra gratuitamente el bien a los individuos). Un bien puede tener una de las características de los bienes públicos pero no la otra. Ciertas “cosas” a las que no se considera normalmente como mercancías tienen las características de los bienes públicos (honestidad, confianza,…). Dadas las características de los bienes públicos, se deduce que generalmente no podrán proveerse por el mercado (FALLO DEL MERCADO), ya que no encontrarían demandantes dispuestos a pagar un precio.
La razón es que, generalmente, nadie estará dispuesto a pagar por estos bienes cuando no es posible excluirle de su consumo comportamiento de free rider o “usuario que no paga” o “usuario gratuito”PROBLEMÁTICA ECONÓMICACuando el grupo de beneficiarios del bien es reducido y estable (como en una comunidad de vecinos) es posible que se dé la cooperación voluntaria para la provisión del bien público, haciendo viable su provisión privada. Pero aún en estos casos suele ser necesaria la intervención pública mediante regulaciones específicas para facilitar la consecución de acuerdos por el colectivo de beneficiarios (evitando la aparición de “usuarios gratuitos”) y para asegurar su posterior cumplimiento. Cuando la exclusión del consumo es posible puede ocurrir que la provisión privada de un bien público –siendo factible- sea ineficiente. Si no existe rivalidad en el consumo (ni total, ni parcial), el coste de oportunidad de la incorporación de un usuario adicional será cero en tal caso, la eficiencia obliga a que el precio para disfrutar del bien sea cero no debería excluirse a ningún consumidor que valore el bien por encima de cero. Pero esto es incompatible con la provisión privada, que siempre implica el cobro de un precio. En ciertos entornos con intensas relaciones afectivas y con individuos altruistas (como el hogar) es posible la provisión de bienes públicos sin necesidad de intervención pública, ya que tales individuos asumen voluntariamente esa responsabilidad.La posibilidad que tiene el sector público de corregir el fallo del mercado originado por la existencia de bienes públicos se debe a que su actuación está basada en el ejercicio del principio de autoridad, salvando de este modo el problema ocasionado por el comportamiento de los individuos como usuarios gratuitos: el sector público puede obligar a los individuos a contribuir a la financiación de los bienes públicos mediante la imposición de tributos. El instrumento de intervención más habitual en presencia de bienes públicos de ámbito nacional, regional o local es la provisión pública (con producción pública o privada) a cargo de los gobiernos nacional, regionales o locales.En ocasiones se recurre simplemente a la regulación, creando obligaciones de acción para los agentes económicos o facilitando la consecución de acuerdos y asegurando su posterior cumplimiento por el colectivo de beneficiarios (especialmente cuando el número de beneficiarios es reducido).El sector público también se enfrenta a problemas para conseguir el suministro eficiente de bienes públicos, ya que los individuos no revelarán sus verdaderas preferencias por estos bienes, tanto si ello implica que han de soportar la correspondiente carga impositiva como si no.Ante esta falta de revelación de las verdaderas preferencias, el sector público toma la decisión sobre el nivel de provisión de los bienes públicos mediante procedimientos políticos: en un sistema democrático, mediante el voto de los ciudadanos en los procesos electorales. El resultado es una aproximación muy imperfecta a las verdaderas preferencias sociales de los bienesFINANCIACION DE LOS BIENES PUBLICOS PUROSDesde la perspectiva de la eficiencia, no hay un sistema de financiación más apropiado que otro, ya que, debido a la imposibilidad de exclusión, los precios no desempeñan ningún papel en la asignación de estos bienes. Desde la perspectiva de la equidad, el que un sistema sea más apropiado que otro dependerá del juicio que se haga de la distribución inicial de la renta y del modo en que la modifique (cómo reparta el BSN derivado de su suministro). La elección del sistema de financiación debería contemplarse como parte del problema general de obtención del conjunto de ingresos del sector público: minimizando las distorsiones impositivas atendiendo a los criterios de equidad vigentes en la sociedad. Hay un sistema de financiación que ha recibido especial atención en la literatura: el esquema de formación de precios de beneficio o Solución de Lindahl: Esta solución se asemeja al mecanismo de mercado en el reparto de los costes: el importe total pagado por cada individuo es igual a su BM multiplicado por la cantidad consumida del bien. Sin embargo, la no revelación por parte de los individuos de las preferencias por este tipo de bienes hace que esta solución no tenga aplicación práctica.FINANCIACION DE LOS BIENES PUBLICOS IMPUROS En el caso de los servicios públicos de uso variable, cuando es posible la exclusión (posibilidad de provisión privada), los precios sí desempeñan un papel en la asignación, por lo que tiene sentido preguntarse sobre qué política de precios es la más adecuada.
La razón es que, generalmente, nadie estará dispuesto a pagar por estos bienes cuando no es posible excluirle de su consumo comportamiento de free rider o “usuario que no paga” o “usuario gratuito”PROBLEMÁTICA ECONÓMICACuando el grupo de beneficiarios del bien es reducido y estable (como en una comunidad de vecinos) es posible que se dé la cooperación voluntaria para la provisión del bien público, haciendo viable su provisión privada. Pero aún en estos casos suele ser necesaria la intervención pública mediante regulaciones específicas para facilitar la consecución de acuerdos por el colectivo de beneficiarios (evitando la aparición de “usuarios gratuitos”) y para asegurar su posterior cumplimiento. Cuando la exclusión del consumo es posible puede ocurrir que la provisión privada de un bien público –siendo factible- sea ineficiente. Si no existe rivalidad en el consumo (ni total, ni parcial), el coste de oportunidad de la incorporación de un usuario adicional será cero en tal caso, la eficiencia obliga a que el precio para disfrutar del bien sea cero no debería excluirse a ningún consumidor que valore el bien por encima de cero. Pero esto es incompatible con la provisión privada, que siempre implica el cobro de un precio. En ciertos entornos con intensas relaciones afectivas y con individuos altruistas (como el hogar) es posible la provisión de bienes públicos sin necesidad de intervención pública, ya que tales individuos asumen voluntariamente esa responsabilidad.La posibilidad que tiene el sector público de corregir el fallo del mercado originado por la existencia de bienes públicos se debe a que su actuación está basada en el ejercicio del principio de autoridad, salvando de este modo el problema ocasionado por el comportamiento de los individuos como usuarios gratuitos: el sector público puede obligar a los individuos a contribuir a la financiación de los bienes públicos mediante la imposición de tributos. El instrumento de intervención más habitual en presencia de bienes públicos de ámbito nacional, regional o local es la provisión pública (con producción pública o privada) a cargo de los gobiernos nacional, regionales o locales.En ocasiones se recurre simplemente a la regulación, creando obligaciones de acción para los agentes económicos o facilitando la consecución de acuerdos y asegurando su posterior cumplimiento por el colectivo de beneficiarios (especialmente cuando el número de beneficiarios es reducido).El sector público también se enfrenta a problemas para conseguir el suministro eficiente de bienes públicos, ya que los individuos no revelarán sus verdaderas preferencias por estos bienes, tanto si ello implica que han de soportar la correspondiente carga impositiva como si no.Ante esta falta de revelación de las verdaderas preferencias, el sector público toma la decisión sobre el nivel de provisión de los bienes públicos mediante procedimientos políticos: en un sistema democrático, mediante el voto de los ciudadanos en los procesos electorales. El resultado es una aproximación muy imperfecta a las verdaderas preferencias sociales de los bienesFINANCIACION DE LOS BIENES PUBLICOS PUROSDesde la perspectiva de la eficiencia, no hay un sistema de financiación más apropiado que otro, ya que, debido a la imposibilidad de exclusión, los precios no desempeñan ningún papel en la asignación de estos bienes. Desde la perspectiva de la equidad, el que un sistema sea más apropiado que otro dependerá del juicio que se haga de la distribución inicial de la renta y del modo en que la modifique (cómo reparta el BSN derivado de su suministro). La elección del sistema de financiación debería contemplarse como parte del problema general de obtención del conjunto de ingresos del sector público: minimizando las distorsiones impositivas atendiendo a los criterios de equidad vigentes en la sociedad. Hay un sistema de financiación que ha recibido especial atención en la literatura: el esquema de formación de precios de beneficio o Solución de Lindahl: Esta solución se asemeja al mecanismo de mercado en el reparto de los costes: el importe total pagado por cada individuo es igual a su BM multiplicado por la cantidad consumida del bien. Sin embargo, la no revelación por parte de los individuos de las preferencias por este tipo de bienes hace que esta solución no tenga aplicación práctica.FINANCIACION DE LOS BIENES PUBLICOS IMPUROS En el caso de los servicios públicos de uso variable, cuando es posible la exclusión (posibilidad de provisión privada), los precios sí desempeñan un papel en la asignación, por lo que tiene sentido preguntarse sobre qué política de precios es la más adecuada.