Articulo 425 de la constitución del ecuador

Objetivos y Resultados del PNIEC 2021-2030 en el Sector Eléctrico

– La economía se electrifica con mayor intensidad gracias a las medidas introducidas en el plan. En el escenario objetivo, el consumo de electricidad crece un 7% en la década, frente a un 3% del tendencial. El consumo final de electricidad pasa de representar un 24% del mix de energía final en 2015 al 27% en 2030.
                                                                                                           

– En el año 2030 el Plan Nacional Integrado prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157.000 MW (105.100 en la actualidad), de los que 50.258 serán energía eólica, 36.882 solarfotovoltaica,
 27.146 centrales de ciclo combinado de gas, 24.133 hidráulica y bombeo y 7.303 solar termoeléctrica, por citar sólo las más relevantes.                                                                              

– El PNIEC prevé añadir otros 57 GW de potencia renovable y 6 GW de almacenamiento (3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterías), con una presencia equilibrada de las diferentes tecnologías renovables.                                                                       

– El nivel de penetración de energías renovables en el sector de la generación eléctrica alcanza en 2030 el 74%, desde el aproximadamente 38-40% actual.                                                                                  

– La generación eléctrica prevista para el año 2030 es de 337.448 GWh.
Las principales contribuciones a dicha generación provienen de las siguientes fuentes: la eólica aporta 116.110 GWh; la solar fotovoltaica 66.373; la hidráulica, 29.045; la nuclear 24.800, los ciclos combinados, 34.922, por citar sólo las aportaciones más relevantes.                                                        

– No es necesaria la presencia de potencia de generación de respaldo adicional de centrales de gas para cubrir los periodos de baja generación renovable.                                                                                      

– El sector eléctrico presenta una reducción de emisiones de un 70% entre los años 2017 y 2030. Es el sector de la economía que lidera la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.                                                                       

– La inversión total requerida para la transformación del sector eléctrico (renovables y redes) sobrepasa los 125.000 millones de euros a lo largo de la década 2021- 2030. Incluye las inversiones en tecnologías renovables y en la ampliación y modernización de las redes de transporte y distribución. Esa inversión será realizada mayoritariamente por el sector privado. 

Impactos económicos y sobre la salud del PNIEC 2021-2030

– La inversión total que va a movilizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-2030, se estima en 236.000 millones de euros a lo largo de esa década. El 80% de las inversiones se realizarán por parte del sector privado y el 20% por el sector público.                                                                                  

– Según el estudio de evaluación de impacto, el PIB (respecto al escenario sin Plan) aumentaría entre 19.300 y 25.100 millones de euros al año a lo largo de la década, lo que representa un aumento del 1,8% en 2030.                                                      

– El impacto sobre el empleo (respecto al escenario sin Plan) sería de 250.000- 364.000 empleos netos (empleo anual constante), lo que representa un aumento del 1,7% en 2030.                                                                              

– El impacto positivo del PNIEC sobre el sistema energía-clima se refleja también en su dimensión de I+D y tejido industrial nacional.                                     

– El PNIEC dedica especial atención al fenómeno de la pobreza energética, abordándolo desde una perspectiva integral y con visión de largo plazo.                                 

– El efecto de las medidas previstas en el Plan es progresivo, favoreciendo en mayor medida a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables.                                                                                                     

– Los co-beneficios para la salud del Plan Nacional han sido estimados en una reducción en el número de muertes prematuras debidas a la contaminación atmosférica de 2.222 muertes menos en el año 2030 respecto al escenario tendencial. Esto implica pasar de 8.951 a 6.729 muertes prematuras en el objetivo respecto del tendencial, una reducción del 25% [rango entre 17-36%]. 

¿Por qué utilizar impuestos ambientales?

– La internalización de los costes ambientales es la razón principal para utilizar impuestos en lugar de medidas de control. Los impuestos incorporan los costos de los servicios y perjuicios ambientalesdirectamente a los precios de los bienes, servicios o actividades que los causan.  Esto facilita el principio de “quien contamina, paga” y la integración de políticas económicas, fiscales y ambientales.          

– Los impuestos ambientales incentivan a productores y consumidores a cambiar un comportamiento perjudicial para el MA.    

– Se consigue un control de la contaminación con una mejor relación costo-eficacia.        

– Para los productores pueden ser un estímulo a la innovación. Cuando se aplica un impuesto sobre la energía, el agua o las materias primas, o bien sobre los residuos y las emisiones de fluidos o gases, los contribuyentes desarrollan nuevas formas d producción, transporte, vivienda y consumo en general, con el objetivo de reducir su obligación fiscal. Se consigue una mayor “ecoeficiencia”.                                                    

– Incrementan los ingresos fiscales que pueden ser utilizados para la mejora del medio ambiente
. Para incentivar a otros a hacer lo mismo o para reducir otros impuestos más costosos. 

Clasificación de los impuestos ecológicos

Impuestos de “recuperación de costos”:

Los primeros en implantarse, tienen por objeto financiar la protección ambiental mediante la recuperación de costes públicos ocasionados por el sujeto contaminante. 

Son así, tributos de recuperación de costos de carácter ecológico como son las tasas que los Ayuntamientos establecen y exigen como contraprestación patrimonial por la prestación de servicios públicos con finalidad ambiental dirigidas a la preservación o mejora del entorno.

No suelen variar en función de la cuantía o tipo de contaminación o daño ambiental producido por los sujetos pasivos, lo que provoca falta de incentivo sobre la actividad de los ciudadanos. Ej: Tasas de basuras, Servicios de alcantarillado o tratamiento y depuración de aguas residuales. 

Impuestos “incentivadores” o “de modificación de conductas”:

Son aquellos creados para cambiar el comportamiento de los productores y/o consumidores. 

Se incluyen aquí todos los impuestos o medidas que incrementan la cuota tributaria (recargos, restricciones o limitaciones de beneficios fiscales…) y que su finalidad es exclusiva o principalmente incentivadora de la conducta de los contribuyentes (no tradicionalmente recaudatoria). 

Así, si bien con frecuencia se obtienen ingresos con estos impuestos, el “ideal” de este, sería la recaudación cero derivada de la disuasión de toda actividad anti-ecológica. 

De igual forma, los ingresos que se obtengan se destinarán a financiar actividades de protección de medio ambiente o para incentivar aún más el cambio de conducta.

Impuestos ambientales “de finalidad fiscal”:

Son aquellos creados principalmente para incrementar los ingresos públicos.

Permiten aplicar un política fiscal que considere las actividades con incidencia ambiental (utilización de fuentes energéticas de combustión y consumo de energía fundamentalmente, aunque también impuestos de residuos, pesticidas…) como una base imponible para obtener ingresos públicos. 

Con los ingresos de estos impuestos puede acometerse una reforma fiscal ecológica, en la que los ingresos provenientes de estos tributos permitan reducir la cuantía de los tipos que gravan los rendimientos del trabajo o del capital. Para su implantación se establecerán órganos de seguimiento para realizar revisiones sobre la incidencia de los imp. Amb. (Primer país en aplicarlo fue Suecia).