Análisis de las Fallas del Mercado en la Educación y la Intervención Estatal
Fallas de Mercado en la Educación
Las fallas de mercado son situaciones en las que el mercado, por sí solo, no asigna los recursos de manera eficiente. En el ámbito de la educación, estas fallas justifican la intervención del Estado para garantizar el acceso equitativo y la calidad del servicio.
Externalidades
Las externalidades son efectos secundarios de la producción o el consumo que no se reflejan en los precios del mercado. En la educación, las externalidades son significativas:
Externalidades económicas: La educación de la población es fundamental para aumentar la productividad laboral y el desarrollo económico de la sociedad. Una mejora en los niveles educativos incrementa la probabilidad de crear empleos de mejor calidad, beneficiando a una gran parte de la población, no solo a quienes reciben la educación directamente.
Socialización: El sistema educativo es un instrumento transmisor de valores y pautas culturales, jugando un papel crucial para la cohesión social.
Impacto distributivo: La educación es una herramienta fundamental para el progreso personal. Si el acceso al sistema educativo dependiera de las posibilidades económicas de cada familia, las personas de bajos recursos estarían en desventaja en su vida laboral futura. Las sociedades modernas tienden a considerar esto injusto, y el Estado debe actuar para promover una mayor igualdad de oportunidades, asegurando que todos puedan acceder al sistema educativo, independientemente de su situación socioeconómica. El Estado financia el sistema educativo a través de tributos, convirtiendo la educación en un gasto con alta potencialidad redistributiva. Por ello, el Estado busca asegurar que esté a disposición de cada niño, incluso haciendo obligatoria la educación en los niveles iniciales.
Fallas informativas: La información asimétrica es un problema en la educación, ya que se trata de una inversión a largo plazo y los beneficios no son inmediatamente evidentes.
Formas de Intervención Estatal
La regulación del sistema educativo impone contenidos mínimos de la enseñanza, competencias de los graduados, obligatoriedad de asistencia a las aulas y condiciones en las que debe impartirse la enseñanza y administrarse el servicio. La intervención a través del sector público puede tomar distintas formas:
Financiamiento a la oferta, con producción pública: El Estado administra establecimientos educativos a través de escuelas de gestión estatal.
Financiamiento a la oferta, con producción privada: El Estado subsidia los costos de establecimientos privados, basados en la oferta educativa que estos brindan. Se distinguen dos casos diferentes:
Escuelas privadas con subvención estatal: El Estado transfiere fondos para pagar una parte o la totalidad de los sueldos docentes, y las escuelas cobran una cuota (que son menores cuanto mayores son los subsidios) a sus alumnos, que sirve para pagar los gastos no subvencionados y obtener una ganancia.
Escuelas autogestionadas (o escuelas charter): Son escuelas públicas de gestión no estatal. Quienes las gestionan presentan un proyecto educativo, y si es aprobado por las autoridades estatales, el Estado les transfiere fondos (en proporción a los alumnos a atender) destinados a cubrir la totalidad de los gastos, pero permitiéndoles autonomía de gestión. El empleador de los trabajadores docentes y no docentes es la asociación educativa, no el Estado. Los gremios de docentes estatales, en general, prefieren que el Estado provincial siga siendo su empleador, teniendo en cuenta que les da más garantías de estabilidad laboral, independientemente de cómo cumplan su tarea. Aquí, los docentes corren el riesgo de perder su trabajo. Por ejemplo, en la provincia de San Luis existen 14 de ellas.
Financiamiento de la demanda, con producción privada: El Estado subsidia a los alumnos para que puedan hacer frente a sus gastos escolares dentro de un esquema de provisión del servicio a través del mercado. Una forma que puede tomar este subsidio es a través de vales o vouchers: el Estado se los entrega a los alumnos cuya educación pretende subsidiar, quienes los usan para pagar las cuotas de los establecimientos educativos. Estos, a su vez, deben presentar los vales ante la oficina del gobierno que administra el sistema, recibiendo a cambio el subsidio estatal. Resulta difícil de aplicar, ya que este mercado carece de un alto grado de información precisa y accesible. Por otra parte, el esquema no mantiene la equidad y resulta muy complejo en los niveles primario y secundario por la masividad de niños y adolescentes. Este esquema parece más aceptable en el caso de la enseñanza superior, donde hay mayor grado de información de los demandantes y la cantidad de estudiantes es menor.