Análisis del Gasto Público en España: Evolución, Composición y Teorías

Análisis del Gasto Público en España

Evolución del Gasto Público

Durante el siglo XX, el gasto público español experimentó un crecimiento sostenido, seguido de una reducción a partir de mediados de los años 90. Este decremento se relaciona con:

  1. La dificultad para aumentar los impuestos y financiar el gasto público desde principios de los 80, debido a la falta de armonización fiscal en la UE (riesgo de fuga de capitales) y la influencia del pensamiento neoliberal (considerando los impuestos directos como un obstáculo al crecimiento).
  2. Las restricciones al endeudamiento impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea, que establece un límite del 3% del PIB para el déficit y del 60% para la deuda pública.
  3. La disminución del gasto público en épocas de crecimiento económico, al aumentar el PIB.

Composición del Gasto Público

La composición del gasto público español ha variado a lo largo del tiempo:

  1. Entre 1995 y 2005, se observa una disminución de los empleos no financieros.
  2. A partir de 2005, los empleos no financieros aumentan.
  3. Una tendencia similar se observa en los intereses de la deuda pública.
  4. Las necesidades de financiación disminuyen hasta 1995 y aumentan en los años posteriores.
  5. A partir de 2010, la inversión pública disminuye.

Teorías sobre la Demanda del Gasto Público

  1. Leyes de Wagner (1887/90): La industrialización implica la sustitución de actividad privada por pública. El crecimiento de la renta real estimula la expansión del gasto público en bienes con elasticidad demanda-renta positiva. (Cuestionable, influyen factores ideológicos)
  2. Peacock y Wiseman (1961), efecto desplazamiento: El gasto público aumenta a saltos tras conmociones sociales (guerras, crisis), sin retornar a su nivel inicial. (Cuestionable, no solo en crisis)
  3. Downs (1957) y posteriores. Redistribución de renta: En democracias, el gasto público en tareas redistributivas tiende a crecer por la competencia entre partidos para captar votos, especialmente de ciudadanos con menores rentas.
  4. Buchanan y Tullock (1962) y posteriores. Grupos de interés: Sindicatos y otras organizaciones pueden presionar para que el sector público provea o regule bienes “cuasi privados” cuyo coste asume toda la sociedad.
  5. Buchanan y Wagner (1977) y Oates (1995). Ilusión fiscal: Reducción del precio “percibido” del gasto público debido a los costes de información, complejidad de los impuestos y su distribución.

Teorías de la Oferta del Gasto Público

  1. Baumol (1967) y posteriores. Efectos precios relativos y demandas inelásticas: Muchos servicios públicos son intensivos en trabajo (menor productividad que el sector privado), mientras que los aumentos salariales son similares en ambos sectores, aumentando el coste de provisión. Si la demanda-precio es inelástica, aumentará el gasto público (sobre todo en términos nominales).
  2. Frey y Schneider (1981). Ciclo político-económico-electoral: La proximidad de elecciones puede aumentar el gasto público, especialmente en parlamentos fragmentados sin poderes compensatorios (p.e. bancos centrales).
  3. Niskanen (1971), Bush y Denzau (1977) y otros. Burocracia: Maximización del presupuesto y funcionarios como votantes. La remuneración de muchos funcionarios es independiente de los resultados económicos, guiándose por poder, influencia y prestigio.
  4. Cameron (1978) y posteriores. Ideología del partido dominante: Gobiernos de izquierda vs. derecha. Las diferencias en países desarrollados suelen ser en la composición del gasto público, más que en su nivel.
  5. Tarschys (1975) y posteriores. Centralización del poder político: Efectos ambiguos según el modelo de descentralización fiscal. Suelen ser mayores si hay duplicidades y las AAPP descentralizadas dependen de transferencias del gobierno central.
  6. Wildavsky (1964). Presupuestación incrementalista: Si los presupuestos se elaboran a partir de incrementos (o reducciones) de los presupuestos anteriores, se busca “contentar a todos”.

Gastos Sociales y Estado del Bienestar

Además de la provisión de bienes públicos, el gasto público en el Estado del Bienestar busca garantizar un nivel de vida suficiente a todos los ciudadanos, utilizando dos instrumentos:

  1. Facilitar el consumo de bienes preferentes o sociales (educación básica obligatoria y gratuita, sanidad gratuita…).
  2. Transferencias monetarias o prestaciones económicas (desempleo, pensiones…).

En los últimos años, los porcentajes aproximados son:

  • Sanidad, educación y vivienda: 25%
  • Prestaciones económicas: 35%
  • Defensa, justicia, relaciones exteriores y Administración General del Estado: 15%

Sanidad

La sanidad es un servicio a garantizar a toda la población. Puede ser pública o privada. Los modelos de provisión públicos (en la mayoría de países) pueden ser:

  1. Seguridad Social (financiada con impuestos sobre rentas del trabajo, beneficiarios son los cotizantes –con excepciones–, Francia, Dinamarca, España hasta 1986).
  2. Servicio Nacional de Salud (prestaciones universales y gratuitas, financiado con ingresos generales, Reino Unido, Italia, España tras 1986).

En el modelo de Producción Pública, el sector público compra los medios de producción y contrata a los médicos. El usuario tiene menos libertad para elegir el centro y algo más para elegir el médico. (España, Italia, Suecia, Finlandia…). En los modelos de Producción Privada, existen hospitales privados y médicos libres. El usuario del sistema público elige el agente privado, que factura al sector público. (EEUU, Francia, Alemania…).

Las características de los mercados de sanidad son:

  • Información imperfecta (conocimientos, valoración subjetiva de la calidad, calidad clínica y no clínica…). Se requiere regulación (acceso a la profesión, comités médicos, responsabilidad legal) y matización de los objetivos de maximización de beneficios.
  • Algunos servicios son monopolios naturales (elevados costes fijos). El coste no lo decide el usuario, sino el médico (demanda inducida).
  • Zonas con demanda débil (rurales).

La clave es el control del sector público sobre el privado para garantizar la calidad (tanto si factura por servicio o por población atendida). La eficiencia de la producción pública es cuestionable, con riesgos de burocracia y control de servicios (sobre todo en hospitales grandes). En España, se ha descentralizado a las CCAA, manteniendo competencias centrales como la aprobación de medicamentos y su financiación, buscando equidad y libre acceso entre CCAA.

Educación

Existe consenso en que el sector público debe garantizar un nivel mínimo de educación. Esto permite:

  • Internalizar efectos externos positivos (estabilidad social, sistemas democráticos, cohesión social…).
  • Reducir la desigualdad económica: existe correlación positiva entre educación y salario, explicada por la mayor productividad (Teoría del capital humano de Becker, 1964).

Prestaciones Económicas

Son transferencias monetarias para garantizar un nivel de vida digno. Las más importantes son las de sustitución de rentas:

  • Pensiones (gestionadas por la Seguridad Social y Mutualidades de Funcionarios).
  • Incapacidad Laboral Temporal (ILT, gestionada por la Seguridad Social y Mutualidades de Funcionarios).
  • Desempleo (duración limitada, nivel contributivo y asistencial).
  • Prestaciones de reducción de la pobreza (pensiones no contributivas, ayuda familiar…).